La denuncia fue interpuesta por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio en funciones públicas, conducta antieconómica y uso indebido de bienes públicos. Se denuncia cobros irregulares de impuestos de bienes inmuebles y vehículos, realizados sin documentación de respaldo y manipulando información a través de ‘usuarios fantasmas’, con un posible daño económico al Estado que ascendería a más de Bs 80 millones.

EL DEBER intentó comunicarse con el alcalde Sánchez; sin embargo, desde su despacho respondieron que estaba ‘ocupado’, y que aguardan la notificación formal. Por su parte, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se constituyó en parte coadyuvante en el proceso penal.

Antes, las autoridades Demócratas habían reclamado que la justicia estaba tardando en dar una respuesta al caso, pese a lo ‘notorio’ de un posible desfalco.