Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: lunes 14 de enero de 2019
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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El senador Arturo Murillo interpuso una demanda por el delito de malversación de recursos del Estado, en contra de la ministra de Comunicación, Gisela López, después que reveló que el Gobierno difundió una encuesta a favor del candidato a la presidencia, Evo Morales.
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La denuncia del legislador es por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, malversación, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas del Código Penal; además del delito de inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuesta de la Ley del Régimen Electoral.
"Nosotros estamos denunciando el delito penal por el uso indebido de bienes públicos. Los bolivianos mueren en los hospitales, faltan recursos para atender a la gente que tiene cáncer, hemodiálisis y hay niños que mueren de hambre", señaló el legislador.
La encuesta de la empresa CIESMORI, en favor del candidato del partido gobernante MAS fue publicada en varios medios de comunicación. La pasada semana, López a través de un mensaje en su cuenta de Twitter admitió que el Gobierno publicó el sondeo, pero que no se cometió ningún delito electoral.
"La ministra tiene 10 atribuciones en el Decreto Reglamentario (pero) ninguna de ellas le permite hacer lo que hizo; tiene ocho atribuciones en la Constitución Política del Estado y ninguna le permite lo que hizo, agarrar y pagar propaganda electoral en favor del presidente Morales", dijo Murillo.
López respondió al anuncio de la denuncia en su cuenta de Twitter asegurando que tiene la conciencia y las manos limpias.
56 peticiones de informe escrito (PIE), 6 del misógino y el resto de su comparsa. PIOs e interpelación, todo en 2 años ¿Acoso político? La conciencia y las manos LIMPIAS nos tienen en paz. Acciones en el marco de leyes, como debe ser. ¡Viva la Revolución Democrática y Cultural!
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El delito de malversación estipulado en el artículo 144 del Código Penal, señala que "la servidora o el servidor público que diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, será sancionada con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a doscientos cincuenta días", sostuvo.
La oposición afirma que la revelación de la autoridad también es una admisión que el Gobierno pagó con recursos públicos la encuesta.
El 2015, el Tribunal Supremo Electoral suspendió la personería jurídica de los Demócratas e inhabilitó a todos candidatos del departamento de Beni, más de 200 candidatos no pudieron participar de las elecciones subnacionales, después que uno de sus dirigentes hiciera referencia a una de sus encuestas internas.
