La movilización y la protesta ciudadana, ininterrumpida desde noviembre del pasado año, inicialmente sectorial -los médicos contra algunos artículos del proyecto del Código Penal-, ha cobrado dimensión nacional contra todo el Código inmediatamente después de su sanción y aprobación.

 La demanda nacional movilizada que expresa la defensa de los derechos y garantías ciudadanas frente a las “pretensiones punitivas del Estado”, contenidas en el nuevo Código, tiene su base inconmovible en una visión ciudadana integral, labrada desde el 21 de febrero de 2016, de defensa de los valores democráticos y que suponen la soberanía popular del voto, la alternabilidad democrática, y el rechazo vehemente a la penosa vocación prorroguista del autoritarismo.  

Pero la distancia Gobierno-sociedad, que está desmoronando la legitimidad electoral gubernamental y está empezando a construir las bases para otros proyectos estatales, no sólo se explica por el 21 de febrero y tampoco se agota en el significado de esa fecha histórica.

Es que después de 12 años de gobierno, el MAS ha vaciado los contenidos principales de un proceso histórico que fue resultado de una larga acumulación. Cinco fracturas, al menos, vaciaron esos contenidos. El autoritarismo produjo la ruptura de los valores democráticos labrados en la lucha antidictatorial. La corrupción fracturó la demanda ética en la política y en el servicio público. El hegemonismo rompió la institucionalidad en el funcionamiento del Estado. La malversación de los millonarios recursos de la década quebró la posibilidad de superar el extractivismo rentista y la dependencia externa. Y la ruptura indígena vació los contenidos plurinacionales suplantándolos con una visión neodesarrollista depredadora de la naturaleza y de los pueblos originarios.

 Una gestión gubernamental finalmente vacía, supone el agotamiento de un ciclo estatal, que tiene que dar paso a otro, porque el agotamiento masista no puede agotar al país. El vaciamiento gubernamental no puede vaciar las perspectivas de la sociedad y ésta tiene que labrar nuevas acumulaciones, abrir nuevos ciclos y potenciar liderazgos renovados. 

 La alternabilidad democrática en el ejercicio de poder  debería ser el escenario institucional que retroalimente la energía social, agotados los proyectos estatales y, sobre todo, sus expresiones gubernamentales. Esa alternabilidad es la que debería abrir nuevos escenarios de deliberación ciudadana, que deben ser periodos de transición en los que se rediseñen las propuestas públicas de más largo aliento. 

Sin embargo, el prorroguismo está bloqueando esa posibilidad por la vía de violar la Constitución, introduciendo arteramente, vía Tribunal Constitucional, la reelección indefinida, persistiendo así en la reproducción forzada, ya no de un proyecto estatal, sino de un esquema reducido de poder.

 El “fallo constitucional” del 28 de noviembre, promovido desde Palacio de Gobierno, es la nueva fractura que el MAS le propina al país, pero no es una fractura más. Se trata de la fractura de la Constitución, de la fractura del pacto que los bolivianos suscribimos el año 2009, cuando, vía referendo, aprobamos el texto de una nueva ley de leyes.

 Parece que los gobernantes, en su recurso de inaplicabilidad de la Constitución y peor en el fallo infame de noviembre, sólo imaginaron  una otra “maniobra envolvente” para viabilizar el prorroguismo, ignorando que la ruptura del pacto del 2009 iba a significar una fractura profunda, irreversible, de su legitimidad y credibilidad que ya estaban debilitadas por el vaciamiento de la década, producido por la corrupción, el autoritarismo y el despilfarro.

 Ningún prorroguismo, ni conservador ni populista, ha tenido éxito en Bolivia. Los límites temporales en el ejercicio del gobierno y la alternabilidad en la titularidad del poder son, en el imaginario histórico colectivo, iguales a la libertad y a la democracia, y su violación se parece mucho a la violencia de los golpes de Estado y de las dictaduras.

 Y todo ese imaginario explica mejor la situación de hoy. La demanda movilizada de la gente va más allá del Código Penal, apunta al restablecimiento del 21 de febrero, pero a partir de allí encarna nuevas posibilidades para el próximo futuro del país. Y esa es la mejor y más integral respuesta a la fractura de la Constitución que también va más allá del vaciamiento gubernamental y que nos aproxima, como país, a la pendiente de la inviabilidad, donde no hay pacto social mínimo, donde el poder arbitrariamente elimina los límites de su acción y donde la respuesta social tampoco ya reconoce legitimidades gubernamentales.

 Por ello, al cabo de 12 años, el recuento oficial interminable de los logros, o el rosario opositor de los fracasos, tienen una importancia menor frente al desafío nacional de la preservación democrática, de la revalidación del pacto constitucional del 2009, de la derrota del prorroguismo vocacionalmente tiránico y de la reapertura de la deliberación ciudadana para renovar las propuestas sociales, que deben no sólo superar los vaciamientos y los agotamientos, sino que deben volver a dinamizar con destino estatal  las energías de la sociedad, siempre capaz de formular  nuevas ideas, nuevos programas, nuevas esperanzas y nuevos líderes, que encaren los problemas no resueltos del país en una década que pudo ser mucho mejor que otras anteriores, en las que  también otros gobernantes malversaron y defraudaron los sueños colectivos.