A Pinto le llovieron las críticas y ayer salió a dar explicaciones. “He utilizado una metáfora, un término figurativo. Les vamos a ganar en las urnas, hablaba de enterrarlos vivos en el voto, por supuesto que no era una amenaza de muerte. Estamos en año electoral y todo es político. Imposible que nuestros opositores vengan a hacer su campaña y nosotros les estemos queriendo asesinar, eso es ridículo”, aseguró la autoridad municipal contactada con EL DEBER.

Pero el fin de semana fue categórico: “A Colomi no vamos a permitir ingresar a la oposición. Les vamos a enterrar vivos”, dijo.

Ayer, admitió que en su alocución no fue muy específico, que faltó el complemento “en las urnas” y eso generó la susceptibilidad que llevó a duras críticas. “Pero los opositores se agarran de estas cositas, si usted pone atención en las redes sociales las barbaridades y vulgaridades que hablan del MAS y del proceso, nos llenan de insultos y nadie dice nada. Nosotros no tenemos derecho a equivocarnos, ellos son perfectos. Ni chistes puede hacer el presidente, que lo toman a mal. Así es la política y hay que aguantar”, acotó.

Sin embargo, puntualizó que “aunque no es mi responsabilidad garantizar su seguridad, puedo comprometerme a que los bandos opositores podrán ingresar y hacer campaña sin ponerse en peligro alguno, siempre y cuando no vengan con amenazas y que sea la gente la que reaccione en defensa”, señaló.

Para sustentar su promesa puso como ejemplo el hecho de que en 2010 el alcalde de Colomi pertenecía a la oposición. “Han hecho su campaña, tenían una buena propuesta, un plan de gobierno bien planificado y llegaron a la Alcaldía. ¿Quién ha dicho algo?, nadie”.

El Gobierno no respaldó las declaraciones del burgomaestre y garantizó que todos los partidos podrán hacer campaña en todas partes. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que la democracia es la posibilidad de presentar propuestas, confrontar ideas y de tener todas las condiciones para los candidatos. “Si alguien interfiriera en ese derecho político que tienen los postulantes a un cargo público, estamos en la obligación de otorgar todas las garantías porque no podemos permitir que se mancille el carácter y alcance de la democracia boliviana”.

Una reflexión similar hizo en Sucre el vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Edgar Salazar, quien pidió al Tribunal Supremo Electoral que garantice el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y de partidos. “La consideramos exagerada, desproporcionada y fuera de lugar”.

Manifestó que hay que recordarle a este alcalde que estamos en un estado de derecho. Las autoridades tienen la obligación de cumplir la CPE, ser amplios con el manejo de la democracia, y parte de ellos es aceptar la presencia de partidos políticos que piensan diferente al Gobierno y estos no pueden ser amenazados y perseguidos por esa razón.

La diputada de UD por Cochabamba Shirley Franco dijo que la declaración del alcalde mostró la cara violenta que tiene el MAS y muestra cómo está dispuesto a actuar: amenazar a quienes puedan impedir su prorroguismo. “Deberían retirarlo como militante y esperamos que el TSE también haga algo.

Ponchos rojos

Dirigentes de los Ponchos Rojos de la provincia Omasuyos, en La Paz, anunciaron que tampoco permitirán ingresar a su región ni a oficialistas ni a opositores. “Hemos decidido rechazar las elecciones primarias, con esos Bs 27 millones se tiene que hacer una inversión en las provincias. En 10 o 13 años del gobierno hemos sido postergados y marginados”, declaró el dirigente David Mamani.

Entre Ríos

Por otro lado, los sectores sociales afines al MAS en Entre Ríos, zona del trópico de Cochabamba, manifestaron su rechazo al retorno del concejal del Frente Único, Óscar Colque, que estuvo con licencia. Así lo hizo conocer a través de un voto resolutivo la Federación de Juntas Vecinales. Los motivos que detallaron son que Colque se dedica a entorpecer la gestión municipal, con acusaciones y calumnias, a través de redes sociales, y por oponerse a la construcción de un estadio municipal, al calificarla de innecesario frente a otras necesidades, tal como lo expresó en una nota de EL DEBER.

El concejal opositor pidió licencia de seis meses en junio del año pasado, para dar alternancia a su suplente, pero formalizó su intención de retomar el cargo a partir de este mes, pero se encontró con este voto resolutivo emitido por cocaleros y vecinos. Para Colque esto representa una represalia por la tarea de fiscalización que lleva adelante, y por pertenecer a una sigla opositora.

Consultado, el representante de la Fejuve de Entre Ríos, Martin Soliz Hidalgo, cuya firma aparece en este voto resolutivo, eludió referirse al tema y manifestó que no podía dar una respuesta porque se encontraba internándose en el campo. Consultado respecto a presiones del sector cocalero, el vicepresidente de las Seis Federaciones de Productores de Hoja de Coca, Andrónico Rodríguez, negó que de esta organización haya surgido una resolución de este tipo.

“Es posible que los vecinos de Entre Ríos se manifestaran de esa forma, porque la compañera suplente (Marina Alanes) es más activa y coordina mejor con los vecinos. En cambio, el opositor se opone y no hace gestión. Pero de nuestra parte no hay nada. Nosotros no nos metemos en esos conflictos, ya son netamente del área urbana”, indicó Rodríguez.

Respecto a su retorno, Colque manifestó que es incierto, ya que por ejemplo no fue notificado de la primera sesión del año, y no pudo participar.