Las denuncias se basaron en la publicación del 10 de enero que salió en varios medios impresos del país. Hecho que López admitió y justificó a través de su cuenta de Twitter:

“Encuesta publicada por nuestro Gobierno en diferentes medios no viola norma electoral. Quienes afirman lo contrario no están bien informados. Buscan únicamente protagonismo para justificar su inasistencia a las Primarias donde quedará demostrado que no tienen militancia”, divulgó.

Es esta la prueba que manejan los legisladores de la oposición y candidatos del mismo, donde argumentan que se transgredieron los artículos 26, 146, 150 y otros del Código Penal y artículo 238 inciso k) de la Ley Nº 026 de Régimen Electoral.

El senador Arturo Murillo afirmó que ninguna de las atribuciones que tiene como ministra de Estado le permite hacer uso de los bienes y servicios del Estado en beneficio de su partido político, por lo que cometió un delito penal.

Horas después, el senador Oscar Ortiz y el diputado José Carlos Gutiérrez presentaron una segunda denuncia penal contra la ministra de Comunicación, Gisela López, por el mismo tema.

“Estamos denunciando a la ministra de Comunicación, la señora Gisela López, por tres delitos: uso indebido de bienes y servicios públicos, uso indebido de influencias e Inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas”, indicó el senador y candidato presidencial Óscar Ortiz, al momento de presentar la denuncia ante la Fiscalía en La Paz.

ANTECEDENTES

El 27 de diciembre, el diputado de UD, José Carlos Gutiérrez, denunció ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la difusión de una encuesta por el Movimiento al Socialismo (MAS) que tituló: “Intención de voto para Evo Morales se mantiene en ascenso, según encuesta Ciesmori”.

Esa publicación vulnera el artículo 135 inciso c) de la Ley 026 de Régimen Electoral.

El mismo señala que “se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando: (…) c) hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales”.

“Vulneró el artículo 135 inciso (c) de la Ley de régimen electoral, infringió el artículo 87 del Reglamento Específico de Elecciones Primarias (…) donde se refiere a la difusión de estudios de opinión, y otra normas que transgredieron fue el artículo 88 del Reglamento de Elaboración y Difusión de Estudios de Opinión en Materia Electoral”, dijo Gutiérrez .

La sanción podría ser para los medios de comunicación, dijo el diputado, sin embargo hubo una aclaración, la difusión fue bajo el rótulo de espacio solicitado, tanto en La Razón, El Deber y Estrella del Oriente.

Gutiérrez informó que también solicitó que se cancele la personalidad jurídica del Movimiento al Socialismo (MAS) por la difusión de una encuesta, la cual está prohibido por la Ley 026 que señala en el parágrafo III, del artículo 136:

“Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica; además, serán sancionadas con una multa (…) por el Órgano Electoral Plurinacional por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de tales estudios”, explicó Gutiérrez.

El legislador señala que existe un antecedente al respecto que fue el caso de Unidad Demócrata Beni el año 2015, donde se dejó fuera de carrera electoral de las Elecciones Subnacionales a 228 candidatos, a la cabeza de Ernesto Suárez, quien era favorito, pero ganó Alex Ferrier candidato del MAS.

GISELA LÓPEZ

La ministra de Comunicación, Gisela López, aseguró que tiene las manos y la conciencia limpias, después de que fue denunciada de cometer delitos penales y electorales por la difusión de una encuesta a favor de Evo Morales.

El caso surge debido a que el pasado 16 de diciembre, en varios medios escritos, se publicó como espacio pagado una encuesta favorable a Evo Morales, cuando la Ley Electoral prohíbe ese tipo de publicaciones de parte de partidos y entidades públicas. La ministra López reconoció la semana pasada que el Gobierno es el responsable de difundir ese estudio.

La ministra, mediante su cuenta de Twitter, aseveró que está en paz y tiene “la conciencia y las manos limpias”, además sostuvo que sus acciones están “en el marco de las leyes”.

Señaló que en dos años tuvo que responder 56 peticiones de informe escrito, peticiones de informe oral e interpelación. Se preguntó si se traba de un “acoso político”.

En cuanto a las peticiones de informe oral, López indicó que seis fueron de parte del “misógino” -no especificó a quién se refería- y el resto de su “comparsa”.