La mujer del César y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral no solo deben ser honestas, sino parecerlo. Y esto no está sucediendo en estos desdichados días de enero de 2019. Doña María Eugenia Choque ha recurrido a la más baja de las formas que se tiene para tratar de desprestigiar una muy válida crítica y un muy genuino disgusto que se puede tener con su accionar, diciendo que la discriminan por ser mujer y por serlo de pollera.

Lo cierto es que el periplo por el que ha pasado el TSE es penosísimo. Las renuncias de la anterior presidenta y de uno de los vocales ya había herido malamente la credibilidad de esa institución. El que los nuevos miembros aceptaran el binomio ilegítimo del partido de gobierno, para esas ridículas elecciones que no elegirán a nadie, ha puesto en evidencia la completa sumisión de ese poder del estado a Evo y los suyos. La defensa del último episodio, el intempestivo despido de dos funcionarios, hecha por Mme. Montaño, presidenta de la cámara de diputados, pone en evidencia esa espuria dependencia.

A estas alturas, la costosa justa electoral del 27 de enero, que ha sido interpretada por el vicepresidente como algo así como una fiesta del fisiculturismo, tiene una serie de irregularidades que en realidad la hacen insostenible. Los candidatos del MAS, no pueden ser candidatos, porque la Constitución no lo permite, tanto debido a que ya han sido elegidos más de una vez en forma consecutiva, como por el hecho de que no cumplen con el requisito de hablar un idioma originario, (detalle menor, pero que igualmente debe ser respetado). A eso se añade el caso de la publicación de una encuesta, que siguiendo la normativa, debe llevar también al retiro de la personería jurídica del partido en cuestión.
Si la señora Choque tuviera un poco de dignidad, este sería el momento para retirarse a su casa. Pero en vez de eso, ha mandado a la suya a dos funcionarios, según el vocal disidente Antonio Costas eran buenos funcionarios y claves en el manejo del sistema informático del Órgano Electoral.

Despedir a un par de funcionarios entre gallos y medianoche ya da una muy mala impresión, pero algo que me ha llamado la atención es el despido en sí, porque por lo que tengo entendido, la economía jurídica del país no permite ese tipo de acciones por parte de un empleador, ni siquiera en funcionarios públicos que tienen que atenerse a un reglamento un tanto diferente al de los empleados comunes. En otras palabras, ese despido injustificado sería ilegal, y la justificación lanzada por la Presidenta de Diputados, sería un elogio a un acto delictivo.

Me temo que la sala plena, que ha despedido a los funcionarios de marras, deberá en realidad retractarse si es que estos hacen los pertinentes reclamos primero ante el Ministerio de Trabajo, y eventualmente ante la Justicia, (eso por supuesto, si hubiera un mínimo de legalidad en la vida pública de nuestro desdichado país). De tener el TSE la potestad de efectuar esos despidos, quedaría muy en claro que en Bolivia unos trabajadores tienen más derechos que otros, ergo, que la ley no es igual para todos, y estaríamos ante una violación más a la Constitución perpetrada por los poderosos.

El Tribunal Supremo Electoral ha perdido toda credibilidad en un cortísimo lapso de tiempo, aunque considerando las intenciones prorroguistas del gobierno, y su desprecio por la independencia de poderes, no es una noticia que pueda haber sorprendido a nadie.

Doña María Eugenia Choque, pese al respetable look de matrona paceña de bombín, mantilla y falda abultada, no está actuando a la altura que las circunstancias requieren, es que no solo debe parecer honorable, sino serlo.