El caso surge debido a que el pasado 16 de diciembre, en varios medios escritos, se publicó como espacio pagado una encuesta favorable a Evo Morales, cuando la Ley Electoral prohíbe ese tipo de publicaciones de parte de partidos y entidades públicas. La ministra López reconoció la semana pasada que el Gobierno es el responsable de difundir ese estudio.      

La Ministra, mediante su cuenta de Twitter, aseveró que está en paz y tiene “la conciencia y las manos limpias”, además sostuvo que sus acciones están “en el marco de las leyes”.

Señaló que en dos años tuvo que responder 56 peticiones de informe escrito, peticiones de informe oral e interpelación. Se preguntó si se traba de un “acoso político”.

En cuanto a las peticiones de informe oral, López indicó que seis fueron de parte del “misógino” -no especificó a quién se refería- y el resto de su “comparsa”.

La reacción de López surgió luego de que el senador Arturo Murillo la denunció penalmente ante la Fiscalía por malversación de recursos públicos para la publicación de la encuesta, que para el opositor constituye un hecho de propaganda política.

Paralelamente se desarrolla un proceso ante el Tribunal Supremo Electoral, a denuncia del diputado José Carlos Gutiérrez, quien pidió la cancelación de la personería jurídica del MAS, porque es la sanción dispuesta por la Ley el Régimen Electoral para los partidos políticos que difundan encuestas.