El caso surge debido a que el pasado 16 de diciembre, en varios medios escritos, se publicó como espacio pagado una encuesta favorable a Evo Morales, cuando la Ley Electoral prohíbe ese tipo de publicaciones. La ministra López reconoció la semana pasada que el Gobierno es el responsable de difundir ese estudio.

Según la denuncia, la Ministra de Comunicación malversó recursos públicos al usarlos para pagar al difusión de una encuesta con fines de propaganda política.

El senador Murillo aseveró que. en la Constitución y la norma. el Ministerio de Comunicación no tiene ninguna atribución que le permita “pagar propaganda electoral en favor del Presidente Morales”.

La denuncia es por los tipos penales de uso indebido de bienes y servicios públicos, malversación, uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, además del delito de inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas, estipulada en la Ley del Régimen Electoral.

El delito de malversación estipulado en el artículo 144 del Código Penal, señala que “la servidora o el servidor público que diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, será sancionada con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a doscientos cincuenta días”, explico Murillo.

Por este caso, también existe un proceso ante al Tribunal Supremo Electoral, iniciado por el diputado José Carlos Gutiérrez, quien pide que se cancele la personalidad jurídica del MAS, puesto que de acuerdo con la Ley del Régimen Electoral, esa es la sanción para el partido que difunda una encuesta.