En junio de 2018, la OEA aprobó una resolución que abre la puerta para suspender a  Venezuela del organismo,  por la ilegítima reelección de Nicolás Maduro y “alteración del orden constitucional”.

Reforzando la resolución, el 10 de enero, el Consejo Permanente de la OEA  acordó “no reconocer la legitimidad” del periodo del régimen de Nicolás Maduro, que juró ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional,  como establece la Constitución de Venezuela. 

Frente a esa postura internacional, ayer el expresidente Mesa pidió a la OEA -mediante su cuenta de Twitter- que así como “aplicó correctamente la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela, y esa misma consecuencia debiera tener en el caso de la demanda de respeto al 21F y el intento de ilegal repostulación de Evo Morales y Álvaro García”.

Activistas y líderes de oposición también pidieron a la OEA, en una anterior oportunidad, que se pronuncie sobre la insistencia de Morales y García Linera de repostular a los comicios de 2019, pese al resultado del referendo del 21 de febrero de 2016,  cuando el 51,3% del electorado dijo “No” a la reelección.  En la OEA  hay tres denuncias de  la oposición contra el Gobierno.

En criterio de la autoridades del Ejecutivo, esta acción es una “intromisión inaceptable” de Estados Unidos.

 En 2017, el TCP falló a favor de la reelección,  con el argumento de la aplicación del Pacto de San José, que deja en suspenso artículos de la Constitución.

La respuesta del Gobierno  no se dejó esperar. Por el mismo medio, la ministra de Comunicación, Gisela López, calificó a Mesa de “candidato bipolar, sumiso a intereses externos, como todos los que regalaron la Patria”. 

La autoridad agregó que el expresidente y periodista “pide intervencionismo, porque su única propuesta electoral, y de vida, es que volvamos a ser una colonia, y esa nefasta intención  nunca será refrendada por el pueblo en las urnas”.

La Cancillería  aseguró que la exautoridad “manipuló y distorsionó” el contenido y el procedimiento aplicado por el Consejo Permanente de la OEA.

Ese despacho -se lee en el comunicado que emitió- considera que  la OEA “simplemente aprobó una resolución referida a la situación de Venezuela, bajo un procedimiento que no guarda relación alguna con los mecanismos establecidos para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana”.