“Denunciaremos penalmente la difusión ilegal de encuesta por el MAS. Gisela López corrobora la existencia de la falta electoral y añade un delito penal por la utilización de fondos públicos para su publicación en beneficio de Evo Morales”, escribió Ortiz en su cuenta de Twitter.

La ministra de Comunicación admitió que el Gobierno publicó la encuesta de intención de voto en medios de comunicación escritos y agregó que no se vulneró ninguna norma electoral, como denunció la oposición. “Encuesta publicada por nuestro Gobierno en diferentes medios no viola norma electoral. Quienes afirman lo contrario no están bien informados”, afirmó López en conferencia de prensa.

   El diputado Gonzalo Barrientos  consideró que el Fiscal General del Estado debería actuar de oficio para iniciar un proceso penal  y, agregó,  “respecto al Tribunal Supremo Electoral, se puede presumir que están incurriendo en incumplimiento de deberes, porque no se pronuncian sobre la denuncia de las encuestas”.

Su colega Wilson Santamaría precisó que con la publicación de la encuesta el MAS vulneró el artículo 130 y 136 de la Ley del Régimen Electoral,  que establece los plazos de publicación de las encuestas y “claramente señala que está prohibido el uso de recursos del Estado”.