Se trata nada menos que del vicepresidente del TSE, Antonio Costas, que se encontraba de vacaciones en Santa Cruz desde el 22 de diciembre, al igual que la vocal Dunia Sandóval. El momento que lo sorprendió la noticia de los despidos realizó una primera denuncia en El Deber Radio de Santa Cruz. Luego reiteró el hecho a través de Radio Panamericana de La Paz.

Su explicación deja muchas dudas respecto al manejo del Órgano Electoral. Los despidos de Óscar Flores y Franz Álvarez, jefe de Base de Datos y jefe de Seguridad Tecnológica de Infraestructura del TSE, pasaron por encima de su autoridad. Solo bastaba esta paja para que se fracture la espalda del camello. En el caso del TSE se trata de una espalda que debería descansar sobre vértebras llamadas confianza, probidad e imparcialidad.

Al momento de redactar este artículo el vicepresidente Costas está en la cuerda floja. Puede levantar las manos y renunciar o tratar de salvaguardar la confiabilidad del recuento de la votación en condiciones absolutamente desiguales. 

También puede agachar la cabeza y recibir los premios que el Gobierno le otorgue por aceptar esta imposición, así sea bajo intensa protesta. Y si no colabora puede ser despedido y procesado bajo cualquier pretexto.

Los portavoces del gobierno tienen preparadas las razones para estos despidos. Alegan fallas en miles de registros de militantes partidarios o supuestas recomendaciones de la OEA. Nada de eso explica el porqué de la imposición inconsulta de una mayoría de los vocales del TSE contra el único vocal experto en informática, justamente cuando estaba de vacaciones. Se atribuye esta iniciativa a la abogada Lucy  Cruz, la vocal designada por el presidente Evo Morales. 

Ante semejante descaro y desplante, ¿qué debemos hacer los bolivianos? Propongo cinco acciones:

Primero que nada es necesario reconocer que el país está seriamente dividido. Al menos un tercio del electorado celebra con fervor religioso este sucio proceder, mientras que otro tercio lo condena sin perdón. El tercio restante puede tener sus dudas, pero no se percibe que haya sido enamorado ni hechizado por las trampas del MAS ni por su política de dividir para reinar.

Todo muestra que el Gobierno actual, su partido y su entorno de seguidores están absolutamente decididos a llevar al país por el camino de la división y la imposición. No dudan un instante en aprovechar las ventajas políticas y personales que les otorga el presupuesto nacional y el manejo del Estado. 

Mediante su control de la Asamblea Plurinacional han desbancado el principal medio de control del abuso gubernamental, que es la separación de poderes. Nadie duda que el Poder Judicial está bajo su mando. Por si quedara alguna duda ahora nos demuestran abiertamente que el Poder Electoral no es más que un apéndice del Poder Ejecutivo.

De estas dos primeras conclusiones se deriva una tercera, la más preocupante. Está en riesgo el único candado restante para evitar que se roben las elecciones y nos sometan a una especie de esclavitud. Ese candado es el recuento público del voto en cada mesa, donde se levanta un acta en un papel físico firmado por los delegados de los partidos. 

Los delegados reciben una copia del acta electoral para verificar por su cuenta la validez del recuento de la votación. 

Los medios de comunicación así como los ciudadanos comunes y corrientes tenemos derecho a fotografiar estas actas con nuestros celulares y enviar esas fotos por WhatsApp a centros de cómputo independientes. Todavía queda esta doble barrera que nos permite proteger nuestro voto. Lo podremos proteger solamente si tenemos la capacidad de organizarnos de una manera efectiva en torno a este objetivo común.

El riesgo reside en que el Gobierno, con su mayoría de dos tercios en la Asamblea Plurinacional, puede eliminar este sistema en nombre de una supuesta modernización que elimine las actas de papel físico y convierta nuestros votos en impulsos electrónicos fácilmente manipulables desde un centro de cómputo controlado por un TSE que opera bajo las órdenes del partido de gobierno. 

De la misma manera, un TSE totalmente vendido al oficialismo puede disponer la prohibición de celulares y cámaras fotográficas al momento del recuento de los votos en cada una de casi 40.000 mesas en las que los ingenuos ciudadanos creemos que vamos a elegir las autoridades que van a gobernar el país durante los próximos cinco años.

Se habla mucho de la unidad de la oposición. Antes de eso está la unidad del país, la que requiere como primera condición un método de resolución pacífica de desacuerdos. 

Todos los bolivianos, tanto del oficialismo como de la oposición, deberíamos defender un patrimonio institucional que consiste en tener un proceso electoral confiable, cuyos resultados sean respetados no solamente por los ganadores, sino también y principalmente por los perdedores. Esa es la única garantía de la paz social que todos deseamos para nosotros y para nuestros hijos.

Hago un llamado a que todos los actores del presente proceso electoral se unan en defensa de esta causa. Más allá de la denuncia y los saludos a la bandera, los partidos políticos tienen que elegir y capacitar miles de delegados para defender su voto. 

Las plataformas ciudadanas que defienden valientemente los resultados del 21F deben mirar hacia adelante. Les toca organizar brigadas de miles de delegados munidos de celulares para fotografiar las actas y enviarlas a centros independientes de cómputo de voto.

Los medios de comunicación, las iglesias, los comités cívicos y todas las organizaciones sanas de la sociedad civil deben unir sus esfuerzos con este fin, contribuyendo con delegados para las mesas de votación y con recursos para montar los centros independientes de cómputo. 

Si no lo hacemos se romperán los últimos candados que protegen nuestros votos y nuestra paz social. Si eso sucede los únicos candados que quedarán serán los que sujetarán nuestras cadenas.