Se va la primera. La voz de las plataformas, tan potente y resonante, no se escucha. Los grupos ciudadanos sin representación institucional ni política salieron con el impulso de la indignación a comerse el mundo y están a punto de ser devorados por él.

Segundita. Los huelguistas que apoyan y defienden, con medida extrema, el voto del 21-F, que rechaza la repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera, quedan más solos que la luna. Son, aquí y allá, lunares esporádicos, en un tamiz de arena seca. Una mayoría que hoy defiende con el último suspiro un triunfo ‘a viva voce’.

Otra de las paradojas es el Segip en su laberinto. Con toda la tecnología a disposición, con una infraestructura adecuada a la modernidad y la comodidad que las grandes oficinas estatales no hallan, no puede o no quiere solucionar la alta demanda de documentos que los desborda y aturde cada cierto periodo, cada cierto tiempo, casi todo el año. Los tramitadores siguen incrustados en un sistema que no logra aceitar los mecanismos de la organización de turnos, horarios y eficacia.

Una para subrayar. La obligada normativa que no se cumple, ni de arriba ni de abajo, del idioma original en los funcionarios públicos. Donde los acusadores tampoco saben y con una cínica sonrisa argumentan el desliz del incumplimiento. De acuerdo a la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, todo servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos “deberá aprender el idioma de la región a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad, en un plazo máximo de tres años”. La Constitución Política del Estado (artículo 234) prevé que para acceder a las funciones públicas es un requisito “hablar al menos dos idiomas oficiales del país”. Además de estudio y práctica, es la voluntad en juego de los servidores que se niegan a servir.

Una última apostilla tiene que ver con el expresidente Jaime Paz Zamora, que, decidido a salir del Picacho en su Tarija profunda a candidatear para presidente a los casi 80 años de edad, pide una renovación al Tribunal Supremo Electoral debido a la pérdida de credibilidad. ¿Será cuestión de fe lograr el milagro?