Medio: El Deber
Fecha de la publicación: domingo 13 de enero de 2019
Categoría: Institucional
Subcategoría: Tribunal Supremo Electoral (TSE)
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En el país del chiverío leguleyo no es raro que cada quien crea que la ley está para servir a sus propósitos. Y no me refiero solo a esa estupidez de que “la ley tiene que adecuarse a las reivindicaciones del pueblo”, sino a la manipulación e instrumentalización que se hace de, por ejemplo, dos leyes que tendrían que tener significado y se han convertido en hechos políticos ‘tironeados’ por la deshonestidad e impulsados por la corrupción discursiva.
Veamos el primero: la ‘constitucionalidad’ del idioma originario obligatorio. Menos mal que cuando se debatía la Constituyente argumenté lo mismo que escribiré ahora: ¿cuál el sentido de que la gente tenga que hablar un idioma que no es común al total de los bolivianos?, ¿de qué le sirve a un candidato hablar quechua, aimara, cayubaba, guaraní o bésiro si la gran mayoría no los entiende?
Hagamos de cuenta que hay un candidato que habla guaraní o aimara, pero no habla quechua, ¿cómo se va a comunicar con los pueblos quechuaparlantes, por dar un ejemplo? Es de suponer que lo hará con el castellano, que es el idioma casi universal en el país; es sencillo entenderlo y comportarse civilizadamente en vez de ‘asumir’ la payasada en la que se ha convertido el tema y, sobre todo, no ser un instrumento descalificador de parte de los políticos de ambos lados (oficialismo y oposición), tratando de anular al oponente, al que no le exigieron nada, antes de que haya elecciones primarias.
Es la ley, dicen los ‘leguleyos’ cuando se les pregunta por qué insisten con esto, siendo que el cumplimiento de esa norma estaba previsto para 2015 y, en los hechos, no muestra utilidad alguna, porque en este país hay muchos idiomas correspondientes a 36 naciones originarias, que están en la Constitución Política del Estado reconocidas en igualdad de condiciones, de manera que eso de exigir que se hable al menos uno de ellos no tiene sentido, salvo que –reitero que lo dije cuando se debatía la Carta Magna– se pretenda seguir con la idea de que se debe hablar ‘al menos’ los idiomas mayoritarios, que es adonde apuntan, por ejemplo, los candidatos masistas, para sentar preminencia de unos sobre otros en función del número de personas que lo hablan.
Personalmente prefiero que Evo Morales diga algo coherente en castellano a que hable un idioma que no voy a entender, porque no es mío; yo soy mestizo, nací y hablé castellano y no es un asunto de discriminación, sino que este país es cada vez más mestizo, y ya está.
Aseguro que esto de la exigencia ‘idiomático-originaria’ es una más de las pequeñeces en las que nos entretenemos los bolivianos para descalificar al otro, aun cuando en esa descalificación entren ellos mismos.
Otro tema: el uso prostituido de los nobles objetivos antirracistas y antidiscriminación de género a los que recurren hombres y mujeres cuando son cuestionados. Es el caso puntual de la abogada María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien a falta de explicaciones coherentes sobre lo que está haciendo y pretende hacer con el Poder Electoral sale a denunciar: “(Estoy) sufriendo racismo y discriminación por mi condición de mujer aimara, y quiero ser muy clara en esto porque es un racismo simbólico, estructural, que yo estoy viviendo durante estos últimos tiempos”, como si su condición de presidenta del TSE no fuera razón suficiente como para ser transparente y explique el porqué de sus actos.
Que fácil se ha vuelto denunciar discriminación cultural o de género para hacer lo que el poder instruye que se haga. Yo creo que estamos ante un peligroso proceso de desinstitucionalización y el montaje de un mecanismo que permita a Morales ser candidato y ganar la elección de octubre. Tengo la sensación de que están adecuando los mecanismos de control electoral para ponerlos al servicio del poder; eso no es racismo ni discriminación de género, eso lo vería de la misma manera si fuera Costas, rubio, blanco y de ojos claros quien lo hiciera; preocupa el hecho, no de quien viene.
Tiempo de sincerarse, hay que dejar de ser ‘políticamente correctos’, tenemos que decir lo que pensamos así estemos a contramano de los que quieren quedar bien con todos. A mí me basta con estar en paz con mi conciencia y decir lo que entiendo que debo decir, así se me mire ‘como carne de cogote’ (es el precio).