El analista en temas electorales Paul Antonio Coca dijo que la ley indica que las organizaciones políticas no pueden difundir encuestas que hayan sido financiadas con fondos públicos, encargadas o financiadas por ellos.

El inciso c del artículo 135 de la ley prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales, o que hayan sido encargados o realizados por entidades estatales de cualquier nivel o financiadas con fondos públicos, salvo las realizadas por el Órgano Electoral Plurinacional. La encuesta también vulnera el inciso b, referido a que está prohibida la difusión de encuestas en las que no se identifique claramente a las personas, naturales o jurídicas, que las hayan encargado o financiado.

El especialista indicó que se pueden publicar encuestas de intención de voto, pero se debe cumplir un procedimiento. Las encuestadoras deben registrarse en el TSE y luego recién se pueden publicar. “No hay prohibición de publicar encuestas, sino (el problema es) quién la pública, porque ellos pueden usar las consultas para direccionar el voto”, dijo.

En tanto el abogado constitucionalista César Cabrera coincide con Coca, pero añadió que la inducción al voto y la difusión ilegal de una encuesta se sanciona con la privación de libertad de uno  a tres años y si fuera servidor público será inhabilitado por tres años.

Coca indicó que se debe identificar quién pagó la publicación. Si se comprobará que el MAS pagó por la difusión de la encuesta, procedería la inhabilitación del partido político.

Explicó que en 2015 se registró un caso similar en Beni, cuando el jefe de campaña de Unidad Demócrata (UD) Carmelo Lenz, en una conferencia de prensa, difundió una encuesta de intención de voto a favor del candidato a gobernador Ernesto Suarez. En esa ocasión, el partido político fue inhabilitado de las elecciones.

El diputado José Carlos Gutiérrez (UD) explicó que el MAS debe ser sancionado con la cancelación de su personería jurídica y debe buscar otra sigla y otros candidatos.

2015 UD fue inhabilitado de las elecciones para gobernador en Beni porque difundió una encuesta de intención de voto.

EL TSE LLEVA MÁS DE 15 DÍAS SIN PRONUNCIARSE

REDACCIÓN CENTRAL

El diputado José Carlos Gutiérrez (UD) explicó que desde que se solicitó la inhabilitación del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones presidenciales, por infringir las normas electorales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no se ha pronunciado. La denuncia fue puesta el 27 de diciembre de 2018.

El analista en temas electorales Paul Coca indicó que el TSE debe dar respuesta antes de las elecciones primarias (27 enero). En tanto, el senador y candidato presidencial de Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, aseguró que se presentará una denuncia penal por los delitos de inducción al voto por difusión ilegal de la encuesta y uso indebido de bienes públicos contra los autores del ilícito e insistirá en la cancelación de la personalidad jurídica del MAS.