La diferencia de la autorregulación con la censura estatal podría no distinguirse si no se hace el esfuerzo de racionalizar los dos conceptos que son radicalmente diferentes. La censura estatal implica influencia directa de sujetos políticos que tienen el poder sobre la información y opinión, lo que puede dar lugar a restricciones en la forma de pensar y transmitir los hechos. En cambio, la autorregulación convoca a un análisis ético de lo que se habla y escribe a través de los medios de comunicación por parte de los propios actores del proceso y, en caso de irregularidades, sus instancias institucionales asumen medidas para reflexionar y, en su caso, sancionar posibles desviaciones o errores en la práctica periodística. Por eso se conforman democráticamente los Tribunales de Ética.

Evidentemente, algunos informadores utilizan los medios de comunicación de manera distorsionada, pero la gran mayoría actúa éticamente, lo que es suficiente motivo para preservar la actual Ley de Imprenta o modificarla, pero con presencia decisiva de los propios gestores de la comunicación. Y, en realidad el poder absoluto es maléfico y cruel porque arrebata la posibilidad de pensar. Lo dicho, los comunicadores sociales pueden equivocarse, y hasta disfrazar su mensaje, pero el totalitarismo que secuestra la palabra es infinitamente peor. Los periodistas, o comunicadores, al final la diferencia no es importante, pueden caer en el error de la apreciación subjetiva, pero negarles el derecho a informar u opinar según el contexto político y social es muy peligroso. La única garantía de imparcialidad de los medios radica en su posibilidad cierta de errar y reconocer el hecho públicamente, en cambio, un totalitario no podría medrar en su gremio. Además, el derecho a equivocarse va sujeto inexorablemente a la democracia. Los periodistas de antaño fueron y son sacrificados trabajadores de la palabra bien dicha, las que y los que olían a tinta y papel. Recrearon la historia de la comunicación, hoy más construida tecnológicamente con medios impensables atrás.

Es necesario, e imprescindible, defender la libertad de opinión, y expresión por añadidura, aunque el riesgo de errores sea importante. Solamente los demócratas convencidos, de derecha o izquierda, entienden el peligro de un régimen que tiene todo el poder en sus manos, como el que Hitler o Stalin establecieron, lo que lleva a su vileza, aún a nombre de la Revolución. 

La organización mundial de defensa de la libertad de expresión "Reporteros sin Fronteras (RSF)" publicó su evaluación de atentados contra el ejercicio del periodismo y denunció que en Bolivia la prensa está sometida al hostigamiento judicial, la polarización política y agresiones frecuentes. El trabajo de los periodistas en Bolivia también es obstaculizado por la falta de un equilibrio pluralista, según RSF. El informe revela además que las mismas formas de limitación del derecho a la libre expresión se reiteran en Venezuela y Nicaragua, países del eje de la denominada Revolución del Siglo XXI.

El ejercicio de la libertad de prensa en Bolivia ha sido objeto de un ataque sistemático e incesante durante el gobierno del Presidente Evo Morales, según la Asociación de Periodistas de La Paz, la que ha denunciado una "judicialización del periodismo" que se manifiesta en la apertura de procesos contra periodistas y medios de comunicación que denunciaron casos de corrupción y escándalos políticos que afectaron la imagen del oficialismo.

El actual proceso coyuntural boliviano tiene que ver precisamente con este factor último. El totalitarismo masista, que no puede trascender la vitalidad de los hechos revolucionarios, se pierde en la mezquindad de esfuerzos costosos económicamente y peligrosos socialmente para apagar la palabra oral y escrita de los que se oponen al secuestro de la democracia crítica.