“La OEA aplicó correctamente la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela, y esa misma consecuencia debiera tener en el caso de la demanda de respeto al 21F y el intento de ilegal repostulación de Evo Morales y Álvaro García”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter.

En junio de 2018, la OEA aprobó aplicar la Carta Democrática para suspender a Venezuela del organismo, porque en los comicios presidenciales, de entonces, que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro, determinó que “carecieron de legitimidad e incumplió estándares internacionales”.

De la misma forma, Mesa pide que se actúe en el caso de Bolivia, donde el gobierno del presidente Evo Morales desconoció los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 que impulsó, al buscar la modificación de la Carta Magna para posibilitar una nueva postulación en los comicios generales de 2019.

Diputados del oficialismo interpusieron una acción ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el uso preferente de derechos ya que se estaban vulnerando supuestamente los derechos humanos de Evo Morales a una nueva repostulación. El TCP le favoreció con la reelección indefinida.

En diciembre de 2018, una comisión especial de sectores opositores al Gobierno presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el máximo organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), contra el gobierno de Morales por su intención de repostularse, pese a que ya tuvo dos reelecciones seguidas, y de acuerdo a la Constitución ya no puede ser candidato.

Plataformas ciudadanas, académicos, instituciones y sectores de la población se mantienen en alerta por la habilitación del binomio oficialista por parte del Tribunal Supremo Electoral a los comicios de 2019.

Horas después del pedido público de Carlos Mesa, la Cancillería de Bolivia publicó mediante las redes sociales un comunicado de la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA en el que manifestó que el pedido del ex presidente de Boliviade aplicar la Carta Democrática de la OEA en Bolivia, no corresponde porque se aplica en casos de “golpe de estado” en un país.

“En el marco de la OEA no existe ningún procedimiento o mecanismo activado en contra del Estado boliviano que pueda motivar la activación de la Carta Democrática ya que la misma solo se aplica en caso de darse un golpe de estado en un país de la región”, dice el comunicado.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, afirmó que el uso político de la Carta Democrática de la OEA expresa el temor que tiene Carlos Mesa a enfrentarse al presidente Evo Morales en las próximas elecciones generales.

“Solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana es una actitud totalmente política de don Carlos Mesa, que denota temor, temor de enfrentar en las urnas al candidato Evo Morales y al candidato Álvaro García Linera”, dijo a la ABI.

Arce remarcó que una eventual aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Bolivia no procede, porque ese mecanismo se aplica cuando existe una ruptura del orden democrático en uno de los Estados miembros de la OEA, cosa que –subrayó– no existe en el país.

¿QUÉ ES LA CARTA DEMOCRÁTICA?

La creación de la carta fue necesaria para reforzar “los instrumentos de la OEA para la defensa activa de la democracia representativa”, como cita la organización. Es decir, son medidas que tienen como objetivo restablecer el orden democrático y contiene herramientas de negociación para adoptar con los países que incumplan con las obligaciones allí contenidas.

Fue aprobada por los estados miembros de la OEA el 11 de septiembre de 2001 en Lima, Perú.

“Estas medidas están de acuerdo con las normas aprobadas por todos los miembros de la organización (…) No se trata de castigar, se trata de restablecer y fortalecer las instituciones”, explicó Jean Michel Arrighi, el secretario de Asuntos Legales de la OEA, a la Voz de América.

El objetivo es evitar la violación de derechos humanos, promover el respeto a la libertad de expresión, a la separación de poderes, a la libertad de circulación, el debido proceso, la no existencia de tortura, la no existencia de presos políticos y erradica aquellas situaciones que ponen en riesgo la seguridad y la paz de los países de la región.