La encuesta fue difundida por varios periódicos del país el 16 de diciembre. La publicación fue denunciada ante el Tribunal Supremo Electoral y, luego, el jueves 10 de enero, la ministra de Comunicación, Gisela López, admitió que el Gobierno divulgó el estudio, aunque a criterio de la autoridad no se vulneró la norma electoral.
Según Demócratas, con la publicación de la encuesta no sólo se vulneró la norma electoral, sino también el Gobierno incurrió en delitos penales por usar recursos públicos para financiar una publicación que induce al voto.
En el TSE ya corre una denuncia, presentada por el diputado José Carlos Gutiérrez, contra el MAS. En ese proceso la cancelación de la personería jurídica del partido de Gobierno, puesto que, de acuerdo con la Ley del Régimen Electoral, esa es la sanción para las organizaciones políticas que difundan encuestas.
En la vía penal, Demócratas presentará una denuncia por los delitos de Inducción del voto por difusión ilegal de propaganda y encuestas (tipificado en la Ley del Régimen Electoral) y uso indebido de bienes públicos, contra los funcionarios del Gobierno nacional que ordenaron y autorizaron la difusión de la encuesta.
“La confirmación de la ministra Gisela López corrobora la existencia de la falta electoral, señalada por el diputado José Carlos Gutiérrez, y añade, además, un delito penal derivado de la utilización de fondos públicos para la publicación de dicha encuesta en beneficio del candidato Evo Morales”, indicó el senador Óscar Ortiz, quien también es candidato de la Alianza Bolivia Dice No.
El diputado Gutiérrez, a su turno, presentará lo que considera la “confesión” de la ministra López ante el TSE, e iniciará una acción de fiscalización desde el Legislativo.