El Orden constitucional se inicia con el respeto pleno a la Constitución que es el origen, la base y las normas para que un país se conduzca adecuadamente con acatamiento a las Leyes, vigencia plena de los Derechos Humanos y fundamentales de las personas, independencia de poderes, libertad de expresión y el estricto sometimiento a las Leyes. Se construyen instituciones democráticas en periodos de transición a la democracia, o también en democracias consolidadas cuya finalidad es profundizar (reconocer, proteger, garantizar) derechos humanos y establecer mecanismos para que los gobernantes rindan cuentas actúen responsablemente, y sobre todo los poderes se mantengan independiente y en equilibrio. Con la vigencia plena del orden constitucional en un Estado se pretende desarrollar y lograr la fortificación de la democracia en las instituciones, esto es la competencia entre los partidos en igualdad de oportunidades, las elecciones como método para dirimir la integración y fortalecimiento de los poderes, los derechos humanos para justificar y caracterizar al Estado de derecho. 

Vivimos en una transición inacabada, que es parte de los procesos de cambio democrático conocidos por el mundo como la tercera ola democratizadora que para muchos países ha sido beneficiosa en la consolidación de la democracia, lo que no ocurrió en otros sobre todo con gobiernos de tinte populista o -mal llamados socialistas del siglo XXI-, que al contrario, aprovecharon su mayoría relativa en preferencia del soberano para unificar todos los poderes en beneficio inconstitucional del partido en función de gobierno, trasformando y violando las leyes con el fin de perpetuarse en el poder, desconociendo el valor de la democracia que ha costado sangre y pérdidas de seres humanos para preservar su vigencia. 

En ese contexto ese cambio geopolítico, -que en su momento podía ser beneficioso-, no ha concluido su proceso y mucho menos se ha consolidado, porque no se ha construido el entramado institucional que exige una democracia. Podrían existir otros factores que impidan la consolidación de la democracia en esos países, como la desigualdad socioeconómica, la carencia de una cultura cívica a la altura de las circunstancias, el subdesarrollo y las diferencias interregionales, pero lo fundamental para desencadenar la transformación política es evidentemente el marco jurídico e institucional. 

Sin una base normativa e institucional adecuada, estos procesos se estancaron y retrocedieron medio siglo, evolucionando sólo para sus seguidores o partidarios produciéndose al contrario el desencanto o descontento de la mayoría ciudadana entre ellos organizaciones sociales, agrupaciones políticas y otros, por los continuos actos de corrupción y copamiento de las instituciones para beneficio propio, ocasionando que hipotéticamente busquen otras alternativas, entre ellas un cambio de gobierno. El cambio de régimen político supone una nueva organización del poder. El entramado institucional es un todo integrado, cuyas partes se interrelacionan entre sí con el consiguiente respeto a las Leyes para recuperar el sentido estricto de la democracia.

Ruptura del Orden Constitucional, se da en un país cuando se rompe o se violan normas de derecho constitucional. Esto sucede cuando se produce un golpe de estado, el cierre del poder Legislativo o se vulnera la seguridad jurídica dentro del poder Judicial. Quebrar el orden constitucional es violar la constitución. Originalmente se entendía, en sentido estricto, como la ruptura del "hilo constitucional", es decir, la interrupción en la continuidad legítima del titular del poder Ejecutivo, o entendiendo al concepto clásico de golpe de estado donde una facción militar asumía este poder sustituyendo a uno democráticamente electo. 

Sin embargo, en la actualidad, se entiende como todo hecho que implique una usurpación de la soberanía popular, de los poderes constituidos legítimamente o la violación de los principios democráticos con el fin de mantenerse en el poder o asumir poderes más allá de lo permitido en la Constitución. Este último tipo de situaciones, se está dando en los gobiernos de tinte populista en la planificación de actos sistemáticamente perversos dolosos y malintencionados que se inicia con la censura a la prensa, estrangulamiento y acoso político a los medios de comunicación imparciales no afines al gobierno, persecución e inicio de juicios irregulares a líderes políticos, vulneración a los derechos fundamentales de las personas, trasformación y violación de la constitución para perpetuarse en el poder, utilización de las instituciones estatales y poderes entre ellos el judicial y electoral para beneficio de los gobernantes. 

Estos actos inconstitucionales se convierten en una bomba de tiempo porque exasperan, indignan y exacerban el carácter del soberano que propician la organización de grupos de barrio, creación de plataformas y colectivos ciudadanos los que en conjunto con organizaciones sociales se unen, planificado, constituyendo y efectuando manifestaciones, bloqueando calles, carreteras, huelgas de hambre y otros mecanismos de presión con el fin de oponerse a la vulneración de derechos exigiendo el respeto a la constitución y las leyes. Por otro lado los gobernantes utilizan la fuerza pública para apaciguar y acallar el descontento ciudadano, lo que da lugar al choque entre las personas descontentas y las fuerzas del orden público, originando la persecución, detención, de personas involucradas en estos hechos, en las que sensiblemente se suscitan actos violentos que dan como resultado personas heridas e inclusive muertas, ocasionando de esta manera convulsionar un país originando la ruptura del orden constitucional por la violación continua de la constitución, las Leyes, y los derechos fundamentales de las personas. 

El descontento reflejado en las calles, así como de actos de violencia y agitación prolongadas pueden dar lugar a la activación de la "Carta Democrática" de la OEA. Para evitar este tipo de manifestaciones y movimientos sociales es imprescindible el diálogo entre gobernantes y gobernados, deponiendo actitudes personales, políticos o de un grupo, con el propósito de escuchar la voz y el sentimiento del soberano que es la máxima autoridad en un país democrático evitando desenlaces lamentables, trágicos y no aconsejables para todo gobierno que pretenda gobernar escuchando al pueblo. Primero es la Patria a la que se le debe sumisión y respeto.