Eso es lo que se observa con una reciente información que se origina en la Gobernación de Oruro al conocer el desglose de su cuenta presupuestaria para la gestión 2019 y que consistirá en la asignación oficial 450.368.569 bolivianos y saber al mismo tiempo por conducto público que el Ministerio de Comunicación tendrá 527.302.500 bolivianos en su presupuesto para sus próximas actividades. Los datos en ambos casos corresponden al Presupuesto General del Estado (PGE).

Lo que llama la atención es que en niveles de la administración estatal se considere más importante la responsabilidad de gasto del Ministerio de Comunicación, que las obligaciones que debe confrontar una gobernación departamental como la de Oruro, en este caso, para atender las necesidades de 16 provincias y encarar proyectos de desarrollo social.

Otra gobernación con mayores limitaciones que la nuestra es la de Pando, pues la de Beni esta gestión mejorará sus ingresos. El resto de los departamentos tienen presupuestos que cubren sus prioridades de inversión, pero sin ponerse en el parangón de tener menos ingresos que un ministerio.

Se considera como ejemplo el Ministerio de Comunicación, frente al presupuesto de una Gobernación, equiparando las responsabilidades de uso social de recursos públicos en el caso de diversos planes sociales y los gastos del ministerio, expresamente para cubrir obligaciones de promoción partidista y hasta individualista, según refieren parlamentarios y dirigentes políticos de la oposición.

Indudablemente que otros ministerios, sean los de Salud, Educación, el de Gobierno y posiblemente la Cancillería y el de Economía, necesiten de un amplio respaldo económico, pero no se justifica en el orden de la administración pública que un ministerio de información estatal acapare una importante tajada del presupuesto, perjudicando opciones departamentales.

En círculos financieros del Estado ya se aseguró que el Ministerio de Gobierno será el que más dinero recibirá en la gestión presente y más del 70 por ciento de tales recursos serán destinados a la partida de "orden y seguridad", dejando con menores porcentajes programas como la lucha contra el narcotráfico.

La ciudadanía que es testigo de una serie de hechos delictivos que se producen en varias ciudades, es consciente de la necesidad de implementar programas para una lucha frontal contra la delincuencia, el feminicidio, los atracos y los raptos, la violencia generalizada y todos los actos que afectan la seguridad ciudadana, pero al mismo tiempo, exige que se apliquen planes concretos de lucha contra la delincuencia y que se garantice una labor más efectiva de los organismos policiales del país.

Bajo esas circunstancias, en lo que corresponde a los presupuestos departamentales, se exige que los mismos puedan ser cubiertos en la medida de las reales necesidades de cada distrito, para enfrentar una serie de graves contingencias que tienen que ver con seguridad ciudadana y la falta de apoyo para encarar programas de orden social en sectores vulnerables de la comunidad.