Para Choque es una batalla cotidiana, pero está decidida a defender sus derechos políticos, los que no conocía cuando fue elegida para ser candidata por el MAS y por esa razón firmó un acuerdo de "gestión compartida" con el candidato a concejal suplente, para que a medio término de la gestión, su suplente asuma la titularidad. 
"¿Dónde no he ido? A todas partes he ido", dice la autoridad que ilegalmente es impedida de ejercer sus funciones. Se lamenta porque recurrió a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a la Asociación de Concejalas de Bolivia, al Tribunal Electoral Departamental hasta el Tribunal Supremo Electoral, pero la solución aún no llega, desde febrero de 2018 cuando planteó la denuncia.
Es más, la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, le recomendó que cumpla el acuerdo firmado con el concejal que la hostiga de manera permanente para que renuncie.
"Eso me ha dicho (que renuncie), deberías dejarle, vos como has firmado dos años y medio deberías respetar (el acuerdo). Usos y costumbres, (es) sarawi, deberías respetar, eso me ha dicho la hermana presidenta", contó a ANF.
No acepta que "la hermana presidenta", nada menos mujer, le sugiera que cumpla un acuerdo que fue firmado bajo presión. "Mira hermana presidenta va a disculpar porque la firma ha sido bajo presión no ha sido voluntariamente", la respuesta de la concejala habría sido en esos términos.
La titular del TSE, según el relato de la concejala, se habría molestado, porque Choque no aceptó su recomendación y continuará exigiendo ejercer sus funciones en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de la Ley contra el Acoso y Violencia Política.
"Quería que acate el acuerdo (...). Nosotros te vamos a hacer cumplir me ha dicho, tampoco puede ser así. Y ella como es mujer parece que está en contra de las mujeres de pollera", sostuvo.
La coordinadora de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Lorena Lamar, calificó de "complicado" que se realice un planteamiento como el de la titular del TSE, porque dijo que los "acuerdos de gestión compartida" no son legales. 
Choque asiste a todas las sesiones del Concejo Municipal, pero no le permiten ni siquiera sentarse en su curul, menos le otorgan la palabra, no le hacen firmar las actas, ni le informan sobre las actividades de la institución. 
Desde noviembre de 2017, vive un verdadero calvario, porque el acoso es del concejal, de la comunidad y de su partido, el MAS. "Desde esa fecha me acosa y molesta políticamente", relata.
Lamar dice que estas actitudes de los concejales es a pesar de que el Tribunal Electoral Departamental de La Paz "emitió una resolución que ratifica que ella sigue ejerciendo sus funciones".
El caso de Juana Choque no es el único, entre enero y diciembre de 2018 se reportaron 87 denuncias de acoso y violencia política de acuerdo al Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional.
La mayoría de las denuncias son de autoridades del departamento de La Paz, le sigue Cochabamba, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Santa Cruz.
ANF llamó al teléfono celular de la presidenta del TSE en dos oportunidades, para conocer su versión sobre el tema, pero no respondió.