Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: viernes 11 de enero de 2019
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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Sin embargo, el diputado José Carlos Gutiérrez (UD), quien presentó la denuncia por la encuesta ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), aseguró que la Ministra salió a justificar un delito del MAS y exigió que se inhabilite a ese partido tal como sucedió con un hecho similar en las elecciones subnacionales de 2015, cuando el Órgano Electoral sacó de carrera a más de 200 candidatos de Unidad Demócrata por comentar una encuesta a su favor.
“Encuesta publicada por nuestro Gobierno en diferentes medios no viola norma electoral. Quienes afirman lo contrario no están bien informados”, publicó López en su cuenta de Twitter.
La publicación, que da por vencedor a Evo Morales sobre Carlos Mesa, salió en cinco medios impresos del país a mediados de diciembre y hace 13 días el diputado Gutiérrez presentó una denuncia ante el TSE, que hasta ahora no ha sido respondida.
Para la ministra López los que critican la publicación “buscan únicamente protagonismo para justificar su inasistencia a las primarias donde quedará demostrado que no tienen militancia”.
Sin embargo, Gutiérrez aseveró que la Ministra encubre los abusos y trata de justificar el delito del MAS . En este sentido, aseguró que hay suficientes pruebas para sancionar al oficialismo.
“Con la ley en la mano le respondemos que hay una flagrancia no sólo la declaración, la ley es clarísima en sus prohibiciones (...) es una encuesta pagada con nuestra plata, se pasan encima de la ley, la denuncia está bien fundamentada, hay un antecedente claro que genera jurisprudencia y esperamos que el Gobierno sea serio y asuma su responsabilidad”, dijo.
Según la Ley de Régimen Electoral, en el artículo 135 se establecen las siguientes prohibiciones: cuando los estudios de opinión sean anónimos, no se identifique claramente a las personas, naturales o jurídicas, que los hayan encargado, financiado; que hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas; hayan sido encargados o realizados por entidades estatales de cualquier nivel o financiados con fondos públicos, salvo los realizados por el Órgano Electoral Plurinacional; hayan sido elaborados por empresas especializadas de opinión pública, medios de comunicación, instituciones académicas o cualquier otra entidad no registrada y habilitada por el Órgano Electoral Plurinacional; hayan sido elaborados sin cumplir los criterios técnicos y metodológicos. La sanción es económica para los medios y la inhabilitación para los partidos que incurran en el delito.