El primer mandatario salió ayer a intentar calmar las aguas con el anuncio de un periodo de un año para socializar el Código Penal, dialogar con los sectores que tienen cuestionamientos y la promesa de cambiar algunos elementos conflictivos y mejorar la redacción de esta norma, una de las más cuestionadas de los últimos doce años por las graves amenazas a la seguridad jurídica de los ciudadanos, las restricciones a la propiedad y el carácter represivo que podría llevarnos a un estado carcelario similar a la dictadura castrista de Cuba.

Esta declaración, realizada luego de reunirse con los líderes de movimientos sociales aglutinados en el Conalcam, surgió cuando el país retomaba con fuerza los conflictos, con movilizaciones en los nueve departamentos del país, con la Ciudad de El Alto en paro cívico, con paralizaciones anunciadas en varias regiones y el anuncio de un paro nacional impulsado por comités ciudadanos que han estado dando muestras de gran contundencia y un inmenso poder de convocatoria en las últimas semanas.

La promesa presidencial no sólo es tardía, sino que podría caer en saco roto, pues el Gobierno ha perdido su caudal de credibilidad y la gente no confiará en lo que claramente es una estrategia de posponer el problema y tratar de diluirlo en el camino, como ha sucedido con muchas otras demandas, como la del Tipnis, por citar la más significativa y la que mayor costo político le ocasionó a un Gobierno al que ya no parece importarle la popularidad ni la imagen pública y que tiene marcado en su horizonte seguir gobernando a través de la coerción y otras prácticas autoritarias.

El pedido que iniciaron los médicos que rechazaban el artículo 205 del Código Penal se ha transformado en un clamor generalizado por la abrogación total de la norma, que claramente trastoca el tejido social basado en normas que deben garantizar el bienestar de la gente y que, por el contrario, pone al Estado como un fin en sí mismo, con privilegios y garantías que atropellan los derechos y las garantías ciudadanos.

Pese a que el Código Penal es la punta de lanza, no hay que dudar que detrás de todo se encuentra el rechazo generalizado al fallo del Tribunal Constitucional que aprueba con argumentos falaces la reelección indefinida, violando de manera flagrante la carta magna y los principios más elementales de la democracia. El Gobierno ya no está en condiciones de seguir haciendo maniobras, pues no sólo ha perdido la confianza del pueblo, sino también el apoyo y la capacidad de movilización en las calles. 

Pese a que el Código Penal es la punta de lanza, no hay que dudar que detrás de todo se encuentra el rechazo generalizado al fallo del Tribunal Constitucional que aprueba con argumentos falaces la reelección indefinida, violando de manera flagrante la carta magna y los principios más elementales de la democracia.