Para la concejala es una batalla cotidiana, pero está decidida a defender sus derechos políticos, los que no conocía cuando fue elegida para ser candidata por el MAS y por esa razón firmó un acuerdo de “gestión compartida” con el candidato a concejal suplente, para que a medio término de la gestión  su suplente asuma la titularidad.

“¿Dónde no he ido? A todas partes he ido”, dice la autoridad que ilegalmente es impedida de ejercer sus funciones. Se lamenta porque recurrió a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía, a la Asociación de Concejalas de Bolivia, al Tribunal Electoral Departamental hasta el Tribunal Supremo Electoral, pero la solución no llega desde febrero de 2018, cuando planteó la denuncia.

Es más, la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, le recomendó que cumpla el acuerdo firmado con el concejal que la hostiga de manera permanente para que renuncie.

“Eso me ha dicho (que renuncie), deberías dejarle, vos como has firmado dos años y medio deberías respetar (el acuerdo). Usos y costumbres, (es) sarawi, deberías respetar, eso me ha dicho la hermana presidenta”, relató. No acepta que “la hermana presidenta”, nada menos mujer, le sugiera que cumpla un acuerdo que fue firmado bajo presión. 

La coordinadora de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Lorena Lamar, calificó de “complicado” que se realice un planteamiento como el de la titular del TSE, porque los “acuerdos de gestión compartida” no son legales.  

A la concejala ni siquiera puede ocupar su curul, no tiene la palabra, no firma actas, ni le informan sobre las actividades. La agencia de noticias ANF llamó a la presidenta del TSE pero no recibió respuesta.