Medio: La Patria
Fecha de la publicación: jueves 10 de enero de 2019
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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El ministro de Educación, Roberto Aguilar, manifestó ayer que establecer plazos burocráticos y administrativos ha "complicado" el cumplimiento del requisito de hablar idiomas indígenas, más aún en el Órgano Ejecutivo.
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"No tanto como (ponerse) soga al cuello. Es parte de una definición como Estado Plurinacional, el problema fue el de diseñar estrategias burocráticas administrativas, es decir, el tema de poner fechas y condiciones administrativas", declaró la autoridad.
De acuerdo a la Ley General de Derechos y Políticas Lingüisticas todo servidor público que no hable un idioma de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, "deberá aprender el idioma de la región a nivel comunicativo, de acuerdo al principio de territorialidad, en un plazo máximo de tres años".
La autoridad considera que las "fechas" han dificultado el cumplimiento de las disposiciones, aunque no considera un error que los servidores públicos estén obligados a hablar dos idiomas oficiales de acuerdo a la Constitución Política del Estado, porque el criterio responde a la definición del Estado Plurinacional.
Explicó que -por ejemplo, en los ministerios se han "complicado" los procesos de formación por la diversidad de procedencia del personal, por lo tanto, además de un tema territorial también hay un factor de individualidad en el aprendizaje, comenta.
"La diversidad de procedencia dificulta a nivel del Órgano Ejecutivo, generar procesos formativos para aimara y quechua, entre otros", explicó.
La Constitución Política del Estado en su artículo 234 prevé que para acceder a las funciones públicas es un requisito "hablar al menos dos idiomas oficiales del país".
Mientras que el artículo 5 de la misma Norma Fundamental fija 36 idiomas oficiales del Estado boliviano, el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Por otra parte, la autoridad no quiso referirse a la labor del Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Culturas, respecto a la certificación que otorgan cuando los servidores públicos terminan un proceso de formación de idiomas.
"No quiero entrar a una especulación. El hecho de que en este momento no tengamos los elementos de denuncia formal, innegablemente me lleva a pensar este tema como una especulación", afirmó.
