En conferencia de prensa, el opositor explicó que son 94 decretos supremos rubricados por el presidente Evo Morales y 13 leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los que autorizaron importantes desembolsos.

"Hay decretos que han sido utilizados de forma reiterada, que podrían superar los 1.000 millones de dólares", explicó el asambleísta y detalló que sólo 31 de las normas especifican los montos por los que se firmaron los contratos directos.

Propuso una ley de contrataciones públicas, para aclarar el manejo de los recursos del Estado y especificó que entre los montos declarados, las áreas de Salud y Obras Públicas recibieron más recursos.

"Si hubiera habido una ley así se hubieran evitado muchos escándalos de corrupción, no hubieran habido casos como el de CAMC que involucra a Gabriela Zapata", dijo el legislador, a tiempo de advertir que más normas fueron aprobados en gestiones electorales.

Tras conocerse la denuncia, El Deber se comunicó con los distintos ministerios y entidades del Estado que fueron mencionados por el senador Ortiz y está a la espera de su respuesta. 

En su momento el Gobierno explicó que las normas surgen para agilizar la ejecución de obras, tal como sucedió en los Juegos Suramericanos 2018 en Cochabamba, donde existieron más de 200 contrataciones directas.