El lunes, el vicepresidente y candidato a la reelección, Álvaro García Linera, admitió que no domina el aymara, aunque dijo que lo entiende y puede escribir; el manejo de dos idiomas oficiales es requisito para los habilitados de cara a los comicios.

Mientras, algunas autoridades del Ejecutivo reconocieron ayer que no dominan una lengua originaria y lo justificaron con excusas, como el ministro decano del presidente Evo Morales, Roberto Aguilar. Legisladores de la oposición plantearon que la obligatoriedad sea anulada de la ley, al ponerse en evidencia que la incumplen.

Aguilar y el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, reconocieron que no saben hablar un idioma nativo.

El titular de Educación aclaró que está en proceso formativo y señaló que aprenderá aymara, idioma que corresponde a la zona donde nació: La Paz.

El ministro Rocabado, a su turno, también reconoció que no habla idioma originario. Señaló que es de origen quechua, pero evitó decir algunas palabras en esa lengua.

“Hablar, no. Pero bueno he hecho plenamente algunas cosas del quechua ¿no? por el origen que tengo quechua”, explicó.

Algunos medios de comunicación pusieron en evidencia a legisladores del oficialismo y la oposición cuando les pidieron que se comuniquen en su idioma originario; la mayoría de los consultados se abstuvo de responder, aunque algunos sí se expresaron en quechua y aymara, según un sondeo de Erbol.

PEDIDO EN LA OPOSICIÓN

El diputado Miguel Ojopi (MNR) sugirió ayer que se anule la ley que obliga a los funcionarios a saber un idioma nativo porque la mayoría, desde los primeros mandatarios, no la cumplen.

Además considera un absurdo que cada legislador se dirija en el idioma de su región al pleno de la Asamblea cuando nadie va a entender.

"Esto (la exigencia) es un absurdo, el castellano es el idioma en que nos entendemos todos, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, todos manejan el castellano, por lo tanto esto es un absurdo y debería anularse (la ley), esta es una farsa", manifestó el diputado.

Al respecto, el ministro Aguilar dijo que no debería eliminarse la ley que exige un idioma nativo "por el principio de respeto a la lengua y cultura de cada una de las personas" ya que "genera su identidad".

Para Ojopi, la mayoría de los funcionarios públicos viola la Constitución porque de ser sometidos a un examen seguro que se aplazarían y sus certificados que acreditan manejo de un idioma nativo se convertirían en "documentos falsos".

"Si yo presento un certificado de que hablo un idioma y no lo hablo, estoy presentando un documento falso, eso es falsedad ideológica, y por lo tanto yo no puedo entrar a ese juego", apuntó.