Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: jueves 10 de enero de 2019
Categoría: Procesos electorales
Subcategoría: Elecciones nacionales
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El matutino El Deber aclaró que la encuesta de Ciesmorien al que identifica a Evo Morales con el 35% de apoyo fue pagada por el Gobierno. El diputado José Carlos Gutiérrez (de los Demócratas) pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que inhabilite al binomio oficialista porque vulnera la Ley del Régimen Electoral.
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El 16 de diciembre, La Razón, El Deber y La Estrella del Oriente publicaron una página con el título: “Intención de voto para Evo
Morales se mantiene en ascenso según encuesta de CIESMORI”.
Al día siguiente el matutino cruceño publicó una aclaración. “El mensaje publicitario que contiene una encuesta CIESMORI sobre la intención de voto de los bolivianos es una publicación pagada por el Gobierno nacional. Dicha página no es parte del material informativo publicado por El Deber, ni compromete su línea de independencia”, detalla el texto que publicó el matutino cruceño.
El diputado opositor Gutiérrez ayer mostró la aclaración del matutino y afirmó que representa una “prueba irrefutable” de que el partido de Gobierno violó la norma electoral.
El artículo 135 de la Ley de Régimen Electoral detalla: “Se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando: c) Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas (...) d) Hayan sido encargados o realizados por entidades estatales de cualquier nivel o financiadas con fondos públicos, salvo el Órgano Electoral (...)”.
Las sanciones están inscritas en el artículo 136. “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas (...) con la cancelación inmediata de su personería jurídica”. Además, vulneró asimismo los artículos 82, 86, 87 y 88 del reglamento de Elecciones Primarias.
Para el diputado, “obviamente corresponde la cancelación de la personalidad jurídica” del MAS y pidió que se identifique a los funcionarios públicos que con dinero público pagaron la encuesta. El pasado 27 de diciembre el legislador presentó una solicitud y una demanda para la inhabilitación y la cancelación inmediata de la personería jurídica del MAS. Pero hasta la fecha la entidad no se pronunció.
El legislador pidió que se actúe de la misma forma que el Órgano Electoral procedió en 2015. Ese año canceló la personalidad jurídica de los Demócratas al inhabilitar la postulación de Ernesto Suárez y de 228 candidatos en las elecciones subnacionales.
Carmelo Lenz, entonces gobernador del Beni, comentó los porcentajes de una encuesta interna que realizó su frente político en una conferencia de prensa y que favorecía a su candidato a la Gobernación.
