La teoría política permite concentrarnos en la necesidad de prever situaciones hipotéticas que se constituyan en un faro de luz para intentar comprender la imprevisibilidad de los actores políticos, considerando a estos como no profesionales del quehacer político, sino más bien improvisados actores que insuflan su ambición por el poder a toda costa.

Es menester entonces, delimitar cuáles son los pilares de un Estado políticamente encaminado hacia el desarrollo de su población y a la correcta administración de la cosa pública en democracia. En primer lugar tenemos a la normatividad acorde a los tiempos que corren, es decir, el ordenamiento jurídico que acompañe la institucionalidad y sea legítimamente el límite ante todo poder o avidez de éste. Al respecto, podemos decir que sin caracterizarnos la originalidad, poseemos al menos en el papel, uno de los ordenamientos normativos de avanzada en la región, especialmente si de la Constitución Política del Estado se trata, con el compendio de derechos humanos más completos en un texto constitucional. Este hecho no quiere decir que tengamos un texto constitucional perfecto ni mucho menos, así como que tampoco poseamos las leyes que necesitemos.

En segundo lugar y complementariamente a todo Estado pleno se encuentra el factor humano: la ciudadanía. Sobra decir que no basta con que hayan personas dentro de un país, sino que exista un cuerpo social responsable y consciente de su relevancia en el juego democrático que produzca en suma, personas activas que sepan para qué sirven las leyes, procuren situaciones de justicia en el lugar en el que se encuentren y sobre todo ejerzan una reproducción natural de una cultura política democrática.

En tercer lugar y no menos importante, dentro de un Estado democrático, se encuentra una pareja indisoluble que suele ser confundida en uno solo, me refiero al Sistema de Partidos y al Sistema Electoral. El primero, base esencial de la legítima representación de la ciudadanía, que busca satisfacer su demanda de soluciones a problemas estructurales y coyunturales. En el caso boliviano, nuestro amorfo sistema de partidos no reconoce solamente a los venidos a menos partidos políticos, sino que en una crisis de representatividad se amplió el espectro hasta alcanzar a manifestaciones ciudadanas voluntarias llamadas agrupaciones, sumándose también los pueblos indígena originario campesinos, visibilizando la práctica política de la otra Bolivia, dentro la lectura indigenista claro está. Nuestro sistema de partidos adolece de identidad, de construcción de cuadros, de ideología propia o construida desde la integración de una bolivianidad cada vez más discursiva que evidente. En sí mismo, el sistema de partidos boliviano no está institucionalizado en torno a una tradición democrática, son más bien expresiones circunstanciales de la política criolla nacional, lo que nos lleva a su par elemental dentro de este análisis: el sistema electoral.

La abrogada Constitución Política del Estado reconocía en su artículo 219 que Bolivia poseía un sistema proporcional, si bien el texto constitucional no profundizaba sobre los alcances de este sistema, se extraña una definición clara en la CPE vigente en torno al tipo de sistema electoral; donde sin embargo, se recuperó el cuarto poder del Estado bajo el denominativo de Órgano. Es en este trascendental órgano donde se encuentra en salud o enfermedad, la dinámica política de todo Estado. En nuestro caso, ante la pérdida de legitimidad del gobierno de turno, y ante una manifestación constitucional como la del 21F, se recurrió a la inserción de un elemento extraño dentro de nuestra faena estatal: Las elecciones primarias. Evento e instancia reconocida democráticamente en sociedades plenas y con características propias de una tradición institucionalizada. La nuestra, la versión boliviana, amparada en la Ley 1096, busca profundizar la democracia intrapartidaria, como excusa jurídica para agregar un paso previo a las elecciones generales que se vienen en octubre de este año.

Nuestra Bolivia no responderá a la lógica anglosajona donde nació esta modalidad electoral, mucho menos en un ambiente caldeado como el que vivimos; considerando aún más el hecho de la ilegitimidad que vive el órgano electoral, entre despidos sospechosos, contrataciones de último momento y procedimientos alejados de aquel fin que debería consagrarse como el primordial, la construcción de una democracia seria con la participación de todos y no al patrocinio de la avaricia de nuestros actuales gobernantes. La anhelada democracia intercultural se convertirá entonces en un paradigma discursivo, en el que entrarán todos los añadidos posibles con tal de conseguir el objetivo trazado. Ante tal escenario, la esperanza queda en el ciudadano, la mujer u hombre que es gobernado y que debe plantearse seriamente la situación que atravesamos.