Hace 12 días, Gutiérrez ya denunció la publicación de esa encuesta ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y pidió que se quite la personería jurídica al MAS, puesto que de acuerdo a la Ley 026 esa es la sanción para partidos que difundan estudios de opinión.

Sin embargo, hasta ahora continuaba la duda de quién había pagado la difusión de la encuesta, que salió en al menos cinco medios escritos a nivel nacional el pasado 16 de diciembre.

El diputado Gutiérrez siguió investigando y encontró que el 17 de diciembre, un día después de que se publicó la encuesta, el periódico El Deber publicó en su edición impresa una aclaración en la cual sostiene que la difusión del estudio fue pagada por el Gobierno.

“El mensaje publicitario que contiene una encuesta de CIESMORI sobre la intención de voto de los bolivianos es una publicación pagada por el gobierno nacional. Dicha página no es parte del material informativo de El Deber, ni compromete su línea de independencia”, dice la aclaración publicada en el diario cruceño.

Gutiérrez señaló que con esa aclaración no sólo se comprueba la responsabilidad el MAS, partido en función de Gobierno, para la difusión de la encuesta, sino también se evidencia un delito penal de mal uso de recursos del Estado.

Dijo que “obviamente corresponde la cancelación de la personalidad jurídica” del MAS por la difusión de la encuesta, pero también se debe investigar penalmente a los funcionarios que usaron dinero público para pagar la encuesta.

Criticó que el MAS confunda los recursos públicos y los use como si fuera su propio dinero.

Gutiérrez remitió el indicio al TSE reiterando su pedido de que se cancele la personería jurídica del MAS y, por ende, se inahilite al binomio Evo Morales-Álvaro Garcia.

Varios opositores ya pidieron que el TSE cancele la personalidad jurídica del MAS, dado que en 2015 hubo una situación similar cuando se eliminó a Unidad Demócrata Beni, liderada por Ernesto Suárez, porque su jefe de campaña difundió una encuesta.

La Razón no dio información

Uno de los periódicos que difundió la encuesta fue La Razón. El diputado Gutiérrez pidió información al periódico paceño, sin embargo, se le negó.

La carta de respuesta de La Razón explica que el diputado tiene facultad fiscalizadora para empresas públicas o con participación estatal, pero el periódico es una firma privada. En ese sentido, pidió al opositor que acredite su interés legal y la investigación parlamentaria respectiva a la cual se deba presentar la información.