Informaciones precisas de la oposición y pronunciamientos de ciudadanos, muestran que la posesión de esas “autoridades” es contraria a los principios legales y que debería ser revocada esa designación, especialmente porque son personas afines al partido de gobierno. La información (EL DIARIO 21/XII/17) señala en una de sus partes: “Las varias denuncias de la oposición contra los ahora magistrados en sentido de que éstos responden a la línea política del MAS, ayer fueron confirmados por la presencia de las organizaciones sociales afines al MAS, quienes presenciaron la entrega de credenciales y ovacionaron a por lo menos siete nuevos tribunos”.

Las acusaciones vertidas en contra de los hoy integrantes del Poder Judicial, debieron ser tomadas en cuenta por el TSE que, a su vez, debería contar con las respectivas pruebas, compulsarlas debidamente y actuar en consecuencia, es lo mínimo que correspondía que hagan los vocales del TSE. Posesionarlos aun a sabiendas de las graves denuncias es, simplemente, fomentar la ilegalidad; por lo menos se debió explicar al país las razones para que sean tomados en cuenta y desmentir, si cabía, las denuncias; pero no se actuó en tal sentido y esa posesión resulta ser una ofensa para el mismo electorado que asistió a las urnas.

Muchas veces se ha sostenido que los Poderes del Estado deberían ser ocupados y desempeñados por personas muy capaces e idóneas que tengan experiencia en cuestiones inherentes al manejo administrativo del Estado, que tengan mucho prestigio sobre su honestidad y responsabilidad; pero nada de esto valió para seleccionar a los candidatos al Poder Judicial que, en todo caso, debería contar con personas cuya honestidad, honradez y sentido de responsabilidad estén debidamente comprobados y, además, ser sometidos a estrictos exámenes de competencia.

Ocupar funciones en la magistratura judicial requiere idoneidad absoluta y una honradez acrisolada ajena a toda sospecha. El TSE no puede ni debe olvidar principios fundamentales para que cualquier designación de funcionarios públicos que dependen de su decisión o voto, cuenten con los atributos debidos; de otro modo, complicarse, así sea indirectamente, resulta contrario a la moral y a las leyes. Será preciso que el TSE dé a conocer sus criterios sobre el caso de quienes, indebidamente, hayan sido posesionados en cargos de tanta responsabilidad y que requieren alta moralidad.