La añeja Ley de Imprenta, es el instrumento que muchos autoritarios ciudadanos quisieran cambiarla, mejor eliminarla, de modo que no exista ninguna regulación que defienda el derecho a la información. Lo evidente y de manera general, es que en la medida que la prensa afirma su tarea diaria y lo hace sopesando una serie de conflictos, la opinión pública sabe más y puede discernir sobre la realidad de los hechos, gracias a la prensa independiente.

Este proceso que se moderniza cotidianamente con avanzada tecnología que irrumpe en los medios y amplía el desarrollo de las redes sociales, hace que aumente la participación ciudadana en un fenómeno que es fortalecido por los receptores de mensajes, pero a la vuelta con la emisión de los mismos en lo que se convierte una labor de ida y vuelta y que en su mayor expresión tiene el control del periodista que por supuesto cumple la misión de elegir, discernir y buscar el equilibrio necesario en un mar de opiniones, para lograr finalmente que sea la verdad la que se reproduzca para que el pueblo no sea engañado.

Sin embargo en nuestro medio se dan condiciones inexplicables, favoreciendo expresiones de personas que aprovechando circunstanciales condiciones de cierta autoridad, pueden poner en duda el trabajo de la prensa y hasta pueden darse el lujo de proponer cambios en las normas que rigen la democracia, que hacen posible la pluralidad noticiosa, que por supuesto es la que confunde a los atrabiliarios funcionarios que no admiten críticas y que quisieran informar sólo lo que interesa a sus intereses, valga la redundancia.

Lo que se observa es que las denuncias formuladas por ciudadanos afectados por hechos irregulares y que traslucen en medios informativos independientes, no gustan a las autoridades que incumplen sus funciones o que hacen uso abusivo de su autoridad, creando malestar ciudadano que en algún momento tiene que exponerse públicamente para frenar la prepotencia y la ilegalidad. Ese reclamo ciudadano es el que muchos funcionarios quisieran taparlo.

En pasados días surgió nuevamente la posición de extremado reclamo por parte de un representante del Órgano Judicial, que además de acusar a periodistas de tergiversar algunas informaciones, se permitió exponer su intención de modificar la Ley de Imprenta, una salida "hormonal" y absurda en un funcionario que evidentemente tiene "resentimientos" con la prensa, que hace tiempo criticó su ascensión al cargo del Tribunal Supremo, con un resultado electoral de votos nulos y blancos que sumaron más del 70 por ciento, lo que para un profesional con dignidad, hubiera significado simplemente la renuncia a un cargo teniendo mínimo reconocimiento colectivo. Hoy ese funcionario aprovecha una especial circunstancia para criticar a periodistas y reclamar supuestos derechos.

Lo importante de la situación dadas las circunstancias presentes, es recodar que en todo caso el trabajo periodístico, responde a un derecho constitucional de la ciudadanía, que es vigilar la administración pública y el de la prensa, denunciando el mal manejo del Estado y los hechos de corrupción e injusticia. Los periodistas consientes de su responsabilidad, no tergiversan ni manipulan nada, sólo invocan el derecho constitucional que tiene la colectividad de ser informada correcta y oportunamente, bajo la premisa de hacer uso correcto de la libertad de expresión.