Este escenario crea algunas condiciones que la ciudadanía ya percibe. La primera de ellas es que el MAS no ha de escatimar ninguna opción que le permita perpetuarse en el poder. Echará mano de todos los recursos económicos del Estado, sojuzgará desembozadamente instituciones: tribunos, sistema judicial, Fuerzas Armadas, Policía; comprará conciencias, clonará instituciones, fabricará liderazgos ‘chutos’, enjuiciará a todo el que se le ponga enfrente, etc. Sin embargo, ya nada de esto tiene el mismo efecto. Ya todos le perdieron el miedo.

A pesar de todo esto, en la batalla electoral tendrá que vérselas con tres actores bien definidos: los partidos de oposición, los movimientos cívicos y la sociedad organizada en plataformas. Frente a los partidos su mayor debilidad es haberlos habilitado (y legitimado) en la ingenua suposición de que no levantarían cabeza. No los podrá neutralizar porque finalmente, a la hora de votar, es la única opción real que tiene el ciudadano en contra del régimen.

A los comités cívicos podrá neutralizarlos relativamente, pero no saldrán del escenario y tendrán un peso específico importante, pues estos son la mejor opción del ciudadano que no cree en los partidos, excepto que, esta vez, también forman parte de la oposición.

Y, finalmente, a las plataformas, a las que por su mañosa Ley de Organizaciones Políticas las forzó a engrosar las filas de los partidos. Se añade que a todos los une un principio rector: la defensa del 21-F. ¿Quiénes quedan aliadas al oficialismo? Una base social del 30% que no tiene un 21-F y produce tensiones y angurrias de todo orden, agrupada en organizaciones sociales corruptas y en consecuencia enormemente vulnerables, y un ejército de funcionarios y exfuncionarios a los que los agrupa la certeza de que terminarán presos. Frente a estas relaciones de poder se hacen comprensibles los miedos del oficialismo y, también, visibles los demonios que lo acompañan.