Todo el proceso, primero de designación por parte del Legislativo, y luego de elección por parte de los ciudadanos, estuvo plagado de irregularidades y fallas. Como ya ocurrió en 2011, los candidatos que surgieron del Parlamento fueron en buena parte de la confianza del MAS y, muchos de ellos, incluso funcionarios del Gobierno actual.

Concluido el cuestionado proceso de selección por parte del Legislativo, vino la peor parte: más del 50% de los bolivianos votó nulo en las elecciones judiciales, quitándole, de esa manera, legitimidad no sólo a los candidatos, sino a la marcha general del Gobierno, puesto que los comicios se convirtieron en un plebiscito.

Sólo un tercio de los electores escogió alguna de las opciones, entre decenas de desconocidos candidatos judiciales. Entre ellos no había quien destacara por tener algún reconocimiento social, académico. Ni siquiera, político.

Ante todo ello, como ya ocurrió en 2011, el Presidente se dio a la tarea de apelar a la aritmética. Así, leyó la cantidad de votos que recibieron en el pasado algunos presidentes electos. Por ejemplo, dijo que Jaime Paz Zamora accedió a ese sitial con el 21% de los votos (309 mil sufragios) o que Gonzalo Sánchez de Lozada fue presidente con el 35% (585 mil votos).

Ante ello, dijo que el 3 de diciembre pasado Gregorio Aro Rasguido, un exviceministro del MAS, fue elegido para ser integrante del Tribunal Agroambiental con 428 mil votos.

Morales, como otras veces, manipula las cifras y compara peras con naranjas. No es lo mismo una elección con 1,5 millones de votos, como sucedía en 1989, cuando Paz Zamora fue designado electo, que 5,4 millones de la pasada votación. Si Paz Zamora no tuvo legitimidad, según dice Morales, porque recibió el 21% de los votos, menos la tendrá Aro Rasguido, quien obtuvo el 7,7% del total de sufragios. Hay algunos nuevos magistrados que tienen el 1% o 2% de la votación total. Ergo, no se puede hablar de legitimidad.

Otro ángulo del asunto es el siguiente: si sólo el voto da legitimidad, entonces personalidades como Eduardo Rodríguez, que fue presidente de la Suprema, y Ana María Romero de Campero, que fue Defensora del Pueblo, no la tuvieron, porque fueron elegidos por “157 votos”. ¿Y si no tuvieron legitimidad por qué uno es agente ante La Haya y la otra fue senadora del MAS? Son argumentos que no se sostienen.