Sin acuerdo, el asunto tributario se convierte en un oportuno tema para el debate electoral, pues más allá de ser un asunto de números y encaje económico, es sobre todo una decisión político de concepción de Estado, lo que al fin y al cabo se plantea como eje definitorio en las próximas elecciones nacionales de octubre.

En los años de discusión, tres han sido las Gobernaciones que se han opuesto a las determinaciones del Gobierno Nacional, las tres obviamente de signo opositor. Sin embargo, esta coincidencia en el rechazo al planteamiento del Gobierno no ha servido para forjar una alianza que ofrezca al país una opción diferente y más bien, las tres plantean opciones alternativas muy diferentes.

El Gobernador de La Paz, Félix Patzi, encabeza el Movimiento Tercer Sistema, de inspiración eminentemente aymara que se apoya en la diáspora nacional pero que en términos de concepción de Estado trasciende las fronteras clásicas. El Gobernador de Tarija, Adrián Oliva, se unido a la Alianza Ciudadana a de Carlos Mesa, al que durante dos días le arrancaron ciertos compromisos de agenda política y económica en cuanto a financiación de las autonomías, pero que eminentemente tiene una concepción paceñocentrista del Estado. El Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ha optado por su propia vía, la de los Demócratas, que obviamente juega todas sus fichas precisamente al cambio en el modelo de financiación del Estado y sus autonomías y no dudará en forzar todas las costuras para conseguirlo si consolida su bancada cruceña propia y decisiva para formar mayorías.

La economía va a estar en el centro de la discusión política, con el Gobierno exhibiendo la estabilidad y las Gobernaciones exhibiendo el candado castrante a sus propias aspiraciones. Si como parece, la economía mundial vuelve a dar síntomas de resfrío, la tentación de que cada uno haga la guerra por su cuenta será fuerte.

Para Tarija, la necesidad de alcanzar un acuerdo en la redistribución de los ingresos de coparticipación pasa a ser vital precisamente por la volatilidad de los ingresos de los hidrocarburos y los agujeros presupuestarios que ha generado luego de administrar de forma penosa la primera época de bonanza real que concluyó abruptamente en 2014. La precaria situación financiera de municipios y provincias ha desatado una lucha feroz por el reparto de la renta que, en cualquier caso, no solucionaría el problema de fondo, que tiene que ver con la anómala construcción de un aparato estatal en función de unos recursos de regulación internacional.

Las elecciones suponen, por lo tanto, una ocasión oportuna para resolver este tipo de discusiones. Cada cual que se presente debe tener una idea concreta sobre qué hacer con el Pacto Fiscal, el resto son vaguedades que solo sirven para dilatar las soluciones