El Órgano Electoral no evaluará a los candidatos sobre ese aspecto, ya que dicha tarea corresponde a una entidad externa, informó ayer la presidenta del TSE, María Eugenia Choque, al precisar que es el instituto estatal de lenguas indígenas el que certifica eso.

"No es la instancia (el Tribunal Electoral) quien tiene que tomar el examen. Nosotros nos basamos en la certificación de que se hable un idioma indígena (…) Nosotros no somos el instituto de validación", recalcó, sino el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas (IPELC) de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos, dependiente del Ministerio de Educación.

La semana pasada, diputados opositores reclamaron al TSE que se someta en público a una prueba al presidente Morales y al vicepresidente García Linera, para comprobar si además de español hablan alguna lengua originaria del país, como establecen normas como la Constitución y el reglamento de las primarias.

El pedido de los opositores argumentaba que la Constitución, promulgada por Morales en 2009, da un plazo de tres años para que los servidores públicos aprendan una lengua originaria, si no la hablasen, y demandaba que el Órgano Electoral muestre los certificados que acrediten que este binomio cumple el requisito.

La polémica surgió por la pregunta que el 21 de diciembre una periodista le hizo al Vicepresidente para ver si hablaba aymara, quechua o guaraní. Él trastabilló y se limitó a decir que revisara el certificado que presentó ante el TSE.

Ayer el diputado opositor Rafael Quispe informó que el TSE le negó acceder a los títulos que acreditan que tanto García Linera como Morales hablan un idioma nativo.

La semana pasada, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, defendió a ambos mandatarios. "El Presidente sabe pues (hablar idiomas indígenas). Es de origen aymara y también quechua, los dos (idiomas habla); trilingüe es el Presidente (...) El Vicepresidente algo habla aimara (...) Hablar con fluidez es su problema", sostuvo.

PRIMARIAS Y 21F

La presidenta Choque también se refirió al anuncio de partidos opositores de renunciar a la propaganda para las primarias, al considerarlas un gasto inútil que podría ir a fines sociales.

Confirmó que esa propaganda es gratuita a través de medios de comunicaciones estatales, por lo que el Órgano Electoral carece de "un monto asignado" para publicidad electoral, por lo que "están renunciando a algo gratuito".

La oposición y plataformas ciudadanas que defienden el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) rechazan las primarias al considerarlas una maniobra del oficialismo para avalar la candidatura de Morales, habilitado por el TSE con base en una polémica sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que le reconoció el derecho a una reelección indefinida.

Los detractores del Jefe de Estado consideran ilegal esa habilitación, al anteponer el fallo del TCP por encima de la propia Ley Fundamental, que limita a dos seguidos los mandatos presidenciales, y del resultado del 21F, que negó a Morales una reforma constitucional para eliminar ese límite.

Vocales disidentes no participaron de acto institucional

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, y la vocal Dunia Sandoval no participaron ayer de la rendición pública de cuentas de la institución. Ambos votaron en diciembre contra la habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera como candidatos para las elecciones de este año, además de plantear la suspensión de las internas.

Personal del TSE informó escuetamente que los vocales están de vacaciones.

La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, encabezó el evento y detalló los procesos que se realizaron en 2018 para aprobar cartas orgánicas en diferente

municipios del país, pero además explicó escuetamente el desarrollo de las elecciones primarias del 27 de enero próximo. Como una de las debilidades del TSE, Choque lamentó que las políticas sobre equidad de género volvieron a ser regla.

Detalló que hay 58 denuncias de violencia política contra mujeres que fueron instaladas en tribunales departamentales. "Se está haciendo un seguimiento a estos casos", remarcó.