El tema, desde mi punto de vista, va por el otro lado: el abogado Revilla ha logrado que la crítica a los medios y su casi amenaza desplace del ojo crítico lo que en verdad es más importante, y también dijo en esa ocasión: la solapada declaración de militancia “en el proceso de cambio”. La intención de ser parte del programa Bolivia cambia, Evo cumple, la declaratoria de inicio de un ‘proceso de revolución de la justicia’, considerar que la idea generalizada de la retardación de justicia es un ‘prejuicio burgués’ y otros de ese calibre, se constituyen en el tema central de este análisis, porque queda claro que se rompió no solo la necesaria despolitización y despartidización del Poder Judicial del Estado, sino que se cierra el círculo de defensa de la repostulación ilegal de Morales.

Me explico: el poder político, la gente, el país, todos sabemos que Morales tiene problemas de legitimidad y de legalidad; evidentemente tiene militancia a su favor y una estrategia de la que hacen norma sus militantes y dirigentes, que insisten en resolver esto en las urnas, pero nada más, porque el escenario jurídico formal le es adverso. En el Gobierno saben que también en el exterior hay preocupación por la ruptura del orden democrático y constitucional en el país y que lo que diga, por ejemplo la CIDH, puede ser un inconveniente para llevar adelante esa ilegalidad y “hay que trabajar “en ese sentido.

¿Cómo hacerlo? Terminando de cerrar el círculo del control de poderes, por supuesto. Comenzaron en 2016 con el fallo del TCP que malinterpretó el derecho humano a ser elegido y habilitó al presidente para elecciones indefinidas; para ello pasaron por encima del referendo constitucional del 21-F. Más adelante, el TSE encontró en el proyecto de partidos políticos el instrumento para pasar por alto el 21-F y actuó en consecuencia: lo envió al Poder Legislativo y este lo devolvió hecho ley, estableciendo la “vinculatoriedad de carácter obligatorio a las elecciones de 2019” de los resultados; ese es el segundo poder capturado (acordado, por supuesto) y faltaba aún lo último, y lo hicieron: lograron la adhesión militante del TSJ tras un largo proceso de maduración. Primero eligieron a sus componentes en una elección en la que los votos nulo y blanco fueron más que los votos por los postulantes y hace un año nombraron a su presidente “en una votación cargada de polémica y sospechas de direccionamiento de la preselección”. (http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Presidente-del-TSJ-se-estrella-contra-la-prensa-y-Morales-ve-esperanza-20190103-7664.html). Ahora deben estar seguros de que eso va a blindar la participación de Morales en las elecciones, por encima de lo que digan las leyes y lo que diga la CIDH, a la que el poder se adelanta desahuciando que lo que de allí venga deba ser necesariamente acatado, si es contrario a lo que pretende el gobierno/poder (Héctor Arce, Los claroscuros del informe de la Comisión de Viena, EL DEBER, 29-12-18). Es evidente que, si fuera favorable, lo asumirán como victoria popular y argumentarán que siempre estuvieron seguros de lo que hacían. (No se espanten los lectores, puede que la CIDH actúe con interés político o que no se pronuncie hasta pasadas las elecciones; no nos olvidemos que la OEA es un club del poder que se toma sus tiempos y sopesa intereses de los gobiernos que la componen).

El círculo está cerrado: el poder político tiene ya la adhesión de la totalidad de los poderes institucionalizados y constitucionales; si esto no es una nueva forma de dictadura, ¿qué es entonces? Tenemos un gobierno autoritario con rasgos totalitarios; nos debatimos entre la élite que gobierna y el ‘poder de las masas’; usaron la democracia para llegar, no la siguen para gobernar. Estábamos avisados, solo que ya lo podemos demostrar.