El diputado opositor Gonzalo Barrientos sostuvo que esa situación se debe al “exceso de poder” que tiene el partido de Gobierno; mientras que el legislador oficialista David Ramos  indicó que se investigarán los casos.

De acuerdo a un reporte del Observatorio de Paridad Democrática, durante 2018  se registraron 18  renuncias por acoso y violencia política. En Potosí se presentaron nueve  dimisiones; en Chuquisaca, cinco; en Cochabamba, tres; y en La Paz, una.

En tanto, en los departamentos de Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz y Oruro no se presentaron  casos de renuncias. 

El caso potosino 

La concejala potosina de Unidad Nacional (UN) Azucena Fuertes contó que la mayoría de las renuncias, en esa región, ocurrieron en los concejos municipales de las provincias.

“Uno de los casos emblemáticos denunciados es sobre una concejala titular del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Tinguipaya, quien pese a tener la titularidad fue obligada a renunciar por su suplente, varón, con el respaldo de todo el MAS. A la fecha quien está asumiendo ese cargo es el suplente”, contó. 

Fuertes denunció que su persona también fue víctima de acoso y violencia política. “Yo he denunciado ante las instancias pertinentes hechos de violencia política. Mi persona tiene más de seis procesos iniciados por el MAS, incluso se han atrevido a proponerme la renuncia. Y ésa es la forma de actuar que tiene el MAS cuando  copó todos los espacios de poder”, afirmó Fuertes.

El diputado Gonzalo Barrientos, representante de Demócratas por Potosí, expresó su preocupación sobre la materia y  manifestó  que los casos se deben a que el MAS cuenta con la mayoría de curules en los gobiernos subnacionales de ese departamento. “Ésta es una situación que se debe al exceso de poder que tiene el oficialismo. El 99,9% está en manos del MAS”, sostuvo.

En cambio, el diputado oficialista   David Ramos, también representante de Potosí, expresó que se evaluará el informe y se procederá a una investigación sobre las causas de las renuncias. “Luego tenemos que asumir acciones con el fin de que no se vaya a repetir”, expresó.

De las denuncias 

En cuanto a las denuncias de acoso y violencia política   hubo 87 a nivel nacional, según el Observatorio de Paridad Democrática.  La Paz registra la mayor cantidad de denuncias con 36; le sigue Cohabamba, con 13; Potosí, con 11;  Oruro registró 11; Chuquisaca,  9; y Santa Cruz, con 7. 

Amenazas, presión, persecución, hostigamiento e inclusive violencia física y psicológica, son los tipos de  violencia política que sufren  la mayoría de las mujeres.

Sanciones  contra la   violencia política

•  Ley 243  En el artículo 20 de la Ley 243 se establece la incorporación al Código Penal los delitos de acoso y violencia política.
• Acoso político  La norma establece: “Quien o quienes realicen actos de presión, persecución, hostigamiento, amenazas en contra de una mujer electa, designada o en el ejercicio de la función político-pública y de sus familiares, durante   o después del proceso electoral, que impida el ejercicio de su derecho político, será sancionado con pena privativa de libertad de dos a cinco años”. 
• Violencia política  La ley establece:  “Quien o quienes realicen actos o agresiones físicas y psicológicas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político–pública y en contra de sus familiares, para acortar, suspender e impedir el ejercicio de su mandato, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a ocho  años”.