A la pregunta inteligente de la periodista, el vicepresidente trastabilló y al no poder emitir palabra alguna en algún idioma nativo, pidió que se solicite en el Tribunal Supremo Electoral la certificación habilitante, lo que importa que tanto él como el candidato-presidente, presentaron las certificaciones, pero que, como lo demostró el vicepresidente, no articulan una frase de salutación en idioma nativo.

En muchas oficinas y en especial en una de entrenamiento administrativo, fueron impartidas clases de aymara, quechua y guaraní, otorgándose el respectivo diploma de aprobación, es decir que los cursantes habían aprendido a hablar en el idioma escogido, lo que parece no ser tan cierto, pues resulta que esos idiomas al no tener gramática estricta, son aprendidas palabra por palabra, frase por frase, es decir en el decurso de un buen tiempo.

Seguramente con el propósito de justificar la anomalía que relatamos, el presidente del Estado Plurinacional, en uno de sus diarios discursos en su campaña política de trece años continuos con recursos públicos, dijo que la ley debía acomodarse a las circunstancias. Es decir que a juicio del presidente, la ley en su aplicación no es general para todos, sino que debe ser ajustable a los intereses de los individuos.

Si fuera ese el caso de la normativa y su aplicación, debería hacerse una ley para cada individuo. Esta situación sucede cuando se emite normas exclusivamente destinadas a solucionar conflictos entre individuos o para éstos, son las leyes estrictu sensu, es decir en sentido estricto, o para determinadas categorías de personas o situaciones. Las normas constitucionales o de jerarquía superior y otras como las de los códigos son latu sensu, o en sentido lato, es decir están dirigidas para todos en general. Por esa situación expresan que: el que… hiciere o no hiciere o cumpla ciertos requisitos deberá…. Es el caso del servicio militar que dice: el varón nacido en Bolivia y que cumpla 18 años… En el orden penal: el que quitare la vida a otra persona… etc.

Una vez más con este asunto del idioma nativo, prescrito en la Constitución, las autoridades de gobierno incumplen las normas, y pretenden acomodarlas a las circunstancias de sus intereses, vulnerando los principios de la Ciencia del Derecho, pretendiendo justificar sus faltas con argumentos que no responden a la realidad.

Lo que sucede es que en el actual régimen que nos gobierna trece años seguidos, la aplicación de las leyes es distinta para los que están en el gobierno y sus allegados; y para los que son críticos a sus políticas, la aplicación rigurosa y las más de las veces ilegal, como los varios casos de enjuiciamiento a autoridades elegidas por la oposición (Leopoldo Fernández y otros), y en el caso de oficialistas, gozan de libertad, como el ex Alcalde de la ciudad de Cochabamba, el ex director de la oficina de la Hoja de Coca que malversó 300 millones y que goza de buena salud en libertad u otros cientos de casos de impunidad.

Esta es otra muestra de que en nuestro país no existe justicia. Y es que la ajusticia en su aplicación es igual para todos, sin distinciones de ninguna naturaleza (cuando es independiente y solo ajustada a derecho), en caso contrario es inexistente y deja de ser justicia.

El pensamiento del actual gobierno es el mismo que el del ex presidente Banzer, en su período de facto, que solía decir: “A los que están conmigo todo, a los indiferentes nada, a los contrarios palo”.