Un acontecimiento, sin duda alguna, muy importante, por reunir a los representantes de los pueblos y territorios afectados por los megaproyectos extractivistas y de las zonas de resistencia a los planes hidroeléctricos, a las exploraciones petroleras, a la agroindustria, a la minería, a la deforestación (tan afanosamente impulsados por el régimen MASista).

Es pues en tan magno evento que los representantes indígenas y campesinos  crearon la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas para la Defensa de los Territorios y Áreas Protegidas y así hacer frente a la sistemática vulneración de sus derechos y avasallamiento de sus tierras y territorios (cfr. “Nace una coordinadora de defensa de áreas protegidas”, Noticias Fides, 3 diciembre 2018).

Y es precisamente acerca de los desafíos y perspectivas de esta coordinadora orgánica que conversamos con la líder de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, Ruth Alípaz, para que ella –como participante activa del congreso y ahora miembro de la coordinadora- nos refiera el devenir de las luchas y movilizaciones indígenas en y por la defensa del agua, el territorio y la vida.      

La gestación del congreso de los pueblos afectados por el extractivismo

En principio le consultamos a Ruth Alipaz, ¿cómo se genera la iniciativa de hacer el congreso de los pueblos afectados por el extractivismo? Y ella nos relata que “que las autoridades territoriales y jurisdiccionales de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, específicamente de la comunidad de Pampa Grande, una de las comunidades que viven dentro de la reserva, que son atropelladas de manera constante, han tenido la iniciativa de convocar a todas las resistencias (contra el extractivismo) a nivel de Bolivia”.

Los líderes de la subcentral de Tariquía, conscientes del carácter depredador del extractivismo, que está siendo activamente promovido por el gobierno MASista prácticamente en todo el país, y de la urgente necesidad de poder articular las luchas de resistencia, han tenido –según Alipaz- la excelente “iniciativa de convocarnos para el día 1 y 2 de diciembre. Entonces, nos congregamos allá todas las resistencias, que estamos en pie de lucha, ya sea por defender territorios (indígenas) o resguardar áreas protegidas”.

Es pues evidente la importancia estratégica de la realización del congreso para la reactivación de las luchas de los pueblos indígenas. “Y un elemento de esto también es que hemos participado las resistencias, la gente afectada, la gente que vive en áreas protegidas o tienen áreas protegidas, municipales, o reservas forestales en sus territorios”.

“Y ahora también estamos integrándonos con la parte de las tierras altas, como es el caso del departamento de Oruro, específicamente del área del lago Poopó. Entonces, esto va creciendo a nivel nacional y todos venimos luchando desde nuestros territorios, por la vida, por el agua, por los ríos, por el aire claro, por los suelos limpios, sin contaminación, sin agroquímicos (...)”.

El resultado más importante del congreso ha sido efectivamente la conformación de la Coordinadora nacional de defensa de los territorios indígena originario campesinos y áreas protegidas. De acuerdo con Ruth Alipaz, “todavía estamos en la etapa muy inicial, de estructurarnos, de organizarnos, de tomar acciones y decisiones. Es por esta razón que todavía no nos hemos dado a conocer, hemos emitido sí un pronunciamiento, una resolución, que es la posición de todos los pueblos que estuvimos ahí”.

Veamos, pues, para terminar, las resoluciones más preponderantes de este primer congreso nacional de integración y defensa de territorios y áreas protegidas. 

“Artículo primero. Constituimos la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos, Comités Locales y Regionales de las Áreas Protegidas y la Madre Tierra, para defender, gestionar y denunciar las violaciones a los derechos humanos y de la Madre Naturaleza ante las instancias competentes.

“Artículo segundo. Rechazamos categóricamente el plan geopolítico que impulsa el gobierno nacional que avasalla y destruye los territorios indígenas originarios campesinos y áreas protegidas, además de beneficiar a las transnacionales y la colonización interna por prebendalismos políticos.

“Artículo tercero. Exigimos al Gobierno nacional la anulación definitiva de todos los proyectos y megaproyectos extractivistas al interior de las áreas protegidas y territorios indígenas; así como los títulos en sobre posición y resoluciones de asentamientos otorgados por el INRA, que violan la CPE y la normativa de protección de la Áreas Protegidas y los Territorios Indígenas Originarios Campesinos.

“Artículo cuarto. Rechazamos y desconocemos los decretos supremos anticonstitucionales y otras normas de jerarquía inferior aprobados por el gobierno, con los cuales viene avasallando las áreas protegidas y los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos.

“Artículo quinto. Exigimos respeto a la autodeterminación y autogobierno de los territorios Indígenas Originarios Campesinos y Autonomía Indígenas amparada en la CPE, ejercida ancestralmente bajo normas y procedimientos propios de nuestros pueblos. (…).

“Por la defensa de la VIDA y DIGNIDAD”.

“Es dado en la comunidad de Pampa Grande (Tariquía), municipio de Padcaya, a los dos días del mes de diciembre del 2018”.