No hay nada más negativo que desconocer o ignorar deliberadamente algunas responsabilidades propias que son normativas adecuadas para las buenas relaciones entre quienes ostentan ciertos grados de autoridad y los dependientes que deben ser ejemplares practicantes de orden y disciplina, claro está en los límites que una sociedad debidamente organizada las aplica para un mejor entendimiento entre personas de sólidos criterios y adecuada formación humana.

Lo ideal es que sea desechada toda forma de relación emergente de cualquier condición en que prevalece el "poder político", que generalmente es el modelo que practican las personas que ocupan los cargos de mando y con autoridad representativa que ejerce presión en los niveles de subordinación, por factores muy conocidos, como admitir la superioridad política y el cuidado de "la pega", motivando en ese entorno una dócil conformidad a órdenes e instrucciones que dictan "los jefes". Esa es la prueba clara del poder partidista.

Mucho se habla en nuestro medio de respeto a las "leyes y la justicia social", y en realidad se trata de un modelo de sometimiento de personas a las reglas que disponen los que mandan y que manejan la distribución de cargos y la asignación de ítems en compensación de servicios partidistas, porque lo claro es que en esta parte del proceso no rige la condición estrictamente política que es parte de otra asignatura en materia de poder, de ofertas laborales a cambio de votos, de distribución de cargos y el pago de la factura partidista.

Según los analistas políticos, se trata de un modelo que no cambia, que con muchas limitaciones pueda responder a condiciones de preparación ideológica, de responsabilidad profesional y de exigencia a derechos personales más que colectivos o de necesidades reales que sin "pizca de poder", recurran a las condiciones de capacidad y experiencia profesional, que en todo caso debería ser condición prioritaria para organizar los niveles de alta responsabilidad en la administración del Estado, modelo que actualmente funciona entre el prebendalismo y el compromiso de cobrar y pagar la factura de servilismo ocasional.

Hay que señalar con claridad que el uso arbitrario de cualquier forma de presión política resulta un delito abierto que no es denunciado por razones obvias o por mejor decirlo, para no inculpar a los jefes políticos en un abuso socio laboral, que en una verdadera democracia en la que el voto popular sea respetado, no corresponde. Los derechos de los ganadores y el cumplimiento de promesas electoralistas, elaboradas con criterio profesional y no simplemente con entusiasmo partidista deben ser normas que eviten el mal uso del poder y la deficiente administración del Estado.

Cuando comienza otra gestión y una que será estrictamente electoralista, es muy importante recordar a los mandantes que para desarrollar programas políticos de beneficio comunitario, es menester proponer soluciones a problemas de las mayorías y en ningún caso que respondan a falsos movimientos sociales inducidos por el prebendalismo partidario. Un buen programa político debe estar al margen del uso abusivo del poder partidario. Comencemos el año respetando nuestra Carta Magna.