Similar suerte corrieron esfuerzos con otras instancias gubernamentales sobre el tema que hizo esconder, como el avestruz, la cabeza a fuentes oficiales que se buscó insistentemente. Una situación similar fue confrontada con la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, ante la necesidad de contrastar datos recogidos en el Sicoes, y de complementarlos con información de primera mano sobre una inversión en obras que, según el presupuesto 2018, estaba cifrada en más de Bs 3.700 millones. Durante una semana se anduvo detrás de la secretaria de Administración y Finanzas del municipio, Sandra Velarde, pero la esquiva funcionaria se excusó de conceder una entrevista porque tenía “agenda llena” y también dejó sin respuesta un cuestionario sobre el tema que pidió se le hiciera llegar. En este, como en tantos otros casos, el silencio municipal correspondió a un asunto de interés público.

Como si desconocieran su condición principal de servidores públicos, no pocas autoridades y funcionarios de diferentes instancias de gobierno en el país parecen ignorar que el artículo 21, numeral 6 de la CPE, establece que a todos los bolivianos les asiste el derecho fundamental de acceso a la información para interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva, en concordancia con el precepto constitucional que prevé que el Estado garantiza al derecho a la comunicación y a la información. Incluso, la CIDH reconoce que el referido a la información pública es un derecho fundamental protegido por tratados que obligan a los países signatarios a respetarlo. El acceso a la información es una herramienta necesaria para el control del funcionamiento del Estado y de la gestión pública. Ese derecho, en su ejercicio pleno, constituye una garantía indispensable para evitar los abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal y prevenir la corrupción y el autoritarismo.

No obstante, la cultura del secretismo parece tener bastante desarrollada la musculatura en el sector público boliviano, cuyas políticas y prácticas son contrarias a su obligación de suministrar, sin cortapisas y cuantas veces sea requerida, información de interés ciudadano. Una información que, además, es imprescindible para mejorar la calidad de la democracia y que no puede ni debe ser secuestrada por autoridades y funcionarios, ensoberbecidos detentadores circunstanciales del poder.