Simpatizantes del MAS, todavía no identificados,  publicaron el pasado 16 de diciembre en varios medios impresos del país  un aviso con el resultado de una encuesta electoral en el que ese partido se ve favorecido por el respaldo popular en intención de voto. Publicar encuestas, aunque parezca mentira, está prohibido para los partidos políticos. El parágrafo III del artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral considera ilegal la publicación  de este tipo de estudios. El MAS  teóricamente debería perder su personería jurídica y sus candidatos ser excluidos de las listas de la próxima elección.

Precisamente eso es lo que ocurrió contra UD en Beni en 2015. Fue uno de los mayores escándalos electorales bolivianos y se produjo cuando el Tribunal Supremo Electoral le quitó al partido Unidad  Demócrata (UD) su personería jurídica y anuló a 228 candidatos del mencionado departamento. Eso le permitió al MAS vencer en muchos municipios  donde quedaron sólo sus candidatos y, sobre todo, lograr el premio mayor: la Gobernación, que el partido de Gobierno siempre había deseado, pero nunca conseguido. Ferreira, un exiliado del MNR, venció gracias a esta situación a quien era favorito en las encuestas, Ernesto Suárez.

La razón esgrimida por el Tribunal de entonces fue apelar a un artículo nunca antes utilizado de la ley electoral, referido a que los partidos no pueden publicar encuestas de opinión. Es una norma absurda, pero existe. UD había informado sobre un sondeo y eso hizo que ¡perdiera su personería jurídica y a 228 candidatos! Días antes de que el TSE diera su draconiano fallo, el exministro de la Presidencia  Juan Ramón Quintana  había dado el mismo argumento.

A los pocos días de sucedido aquello, los candidatos a concejales del MAS, Javier Silva y Sebastián Michel, también mostraron una encuesta. La oposición exigió que el MAS, por aplicación de la misma norma, perdiera su personería jurídica en La Paz y sus candidatos fueran anulados. Pero el TSE -que obedece al Gobierno, no a la ley- permitió al MAS participar. Los vocales que avalaron tales fallos de tribunales departamentales  fueron: Wilma Velasco, Wilfredo Ovando, Dina Chuquimia, Irineo Zuna, Marco Ayala, Fanny Rivas y Ramiro Paredes.

El principal afectado de la decisión de 2015 y candidato favorito para ganar las elecciones a gobernador en Beni, Ernesto Suárez, es quien ha presentado ahora el pedido al TSE contra el MAS, considerando la violación a la norma con los avisos  publicados de la encuesta mencionada. 

Pero el TSE, actualmente, también está bajo el dominio del MAS. Excepto dos vocales que han realizado algunos votos disidentes (Antonio Costas y Dunia Sandoval), los otros cinco son afines al oficialismo. Ellos son: María Eugenia Choque, Lucy Cruz, Idelfonso Mamani, Lidia Iriarte y Édgar Gonzales.

A pesar de la gravedad de este hecho, de su claridad y contundencia, el tema no ha merecido la menor atención de las autoridades electorales, quienes ni siquiera se han pronunciado sobre ello. El tema, como es habitual, ni siquiera ha sido considerado dentro del oficialismo.

Miembros de la oposición, especialmente del partido Demócratas, reclaman una acción del TSE y piden que los medios de comunicación contratados revelen quiénes pagaron por los anuncios. 

Aunque el MAS y sus militantes y/o simpatizantes hagan de la vista gorda, este asunto los deja en situación incómoda y no responder o evitar que los vocales del Tribunal Supremo Electoral lo hagan -como lo hicieron sin contemplaciones en el pasado-, es una muestra de abuso y autoritarismo que no pasa inadvertida.

No se puede pretender que la población apoye que se viole  la ley y el partido en Gobierno no se moleste por explicarlo o  recibir las sanciones que corresponda. El principio básico de una elección democrática es la igualdad de condiciones y, como se ve, en este caso la ley no es igual para todos.  Ello se debe, y no podemos olvidarlo, precisamente, al rompimiento democrático que vive el país.