El 27 de enero se realizarán las elecciones primarias de candidaturas de los binomios presidenciales, proceso previo a los comicios generales previstos para fines de este año.

Ese día, los ciudadanos escogerán mediante su voto a los candidatos de cada partido político que aspiran a asumir la presidencia y vicepresidencia del país. Sin embargo, la participación del pueblo en estas primeras elecciones es voluntaria.

Según la ley, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), entidad encargada de organizar y administrar el proceso.

El 4 de diciembre de 2018, los vocales del TSE habilitaron la candidatura de ocho de los nueve binomios de partidos políticos y alianzas que presentaron su postulación para las primarias.

Entre ellos, los candidatos del Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Evo Morales Ayma, para asumir la presidencia, y Álvaro García Linera, para la vicepresidencia.

En los días previos al anuncio del TSE, la oposición comenzó a organizar marchas, paros y pequeñas vigilias contra la posible habilitación de la fórmula presidencial presentada por el gobernante MAS-IPSP.

Al conocerse la decisión del Tribunal, las acciones de los grupos opositores se intensificaron, con apoyo mediático, para anular el favoritismo de ese binomio y deslegitimar internacionalmente al presidente Evo Morales.

Comités cívicos y dirigentes políticos contrarios al actual Gobierno convocaron a un paro en los diferentes departamentos, pero hubo escasa respuesta ciudadana y resultó fundamentalmente en un bloqueo de calles, sin afectar la gran mayoría de los comercios y centros de trabajo.

Esas acciones desencadenaron la muerte de una mujer de 52 años de edad, de la localidad de Riberalta, en el departamento amazónico del Beni (noreste), quien perdió la vida en su intento por evitar que los movilizados destruyeran el negocio de una vecina.

El Jefe de Estado condenó esos hechos violentos y pidió a las autoridades judiciales tomar acciones contra los responsables de la muerte de la ciudadana, mientras expresó sus condolencias a los familiares y al pueblo riberalteño.

Días después, un grupo de estudiantes con los rostros cubiertos atacó de manera directa las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED), la Empresa de Telecomunicaciones, la sede de Impuestos Nacionales y el Palacio de Justicia, en Santa Cruz (este).

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, precisó que la acción violenta perpetrada por estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno no fue casual.

Las investigaciones revelaron la planificación y financiamiento por la existencia de logística, dispositivos para quemar las instalaciones del TED y máscaras antigás, entre otros elementos.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior y Policía de Bolivia, José Luis Quiroga, denunció públicamente que ése es el plan de la oposición: la toma de instituciones y generar violencia. Quieren heridos, quieren hechos de sangre, advirtió.

También en esos días se desarrolló una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos.

La CIDH rechazó la impugnación presentada por la oposición, pues como expresó el ministro de Justicia, Héctor Arce, el fallo “respeta y desarrolla plenamente la Constitución boliviana, y (...) desarrolla y aplica preferentemente los tratados internacionales en materia de derechos humanos”.

Durante su intervención ante la CIDH, Arce señaló que se trata de maniobras de los sectores de la oposición para no competir democráticamente con el primer presidente indígena de Bolivia, quien impulsa desde 2006 un proceso de cambio en el país.

Específicamente, se basó en que la Constitución de Bolivia estipula respetar el derecho de los ciudadanos a elegir al gobernante que prefieran sin importar los límites de mandato establecidos anteriormente, que en el caso del binomio del MAS los hubiera inhabilitado para una tercera postulación.

En la audiencia, el ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, recordó que en 2005 el pueblo eligió al primer presidente indígena de Bolivia, Evo Morales, quien ganó con una amplia e histórica mayoría del 53% de los votos.

También destacó que, en la actualidad, esta nación suramericana goza de plena estabilidad política, económica y social, con una democracia consolidada y elecciones libres.

Durante estos años, se destaca en Bolivia la atención médica con galenos del programa Mi Salud, quienes llegan a las zonas de más difícil acceso. Se reporta además una disminución de la mortalidad infantil, de la desnutrición crónica en menores de cinco años y se resaltan las cirugías gratuitas de los ojos, realizadas por médicos cubanos y bolivianos, como parte de la Operación Milagro.

También sobresalen las políticas de acceso a una educación de calidad a nivel nacional, y la inauguración casi a diario de obras en beneficio de la población.

Sólo a través del programa Bolivia Cambia Evo Cumple se ejecutaron entre 2007 y julio de 2018 un total de 8.797 obras en las áreas de educación, deportes, vial, productiva, de saneamiento básico y riego, así como en infraestructuras sociales y de salud. La nación suramericana pasó a ser además líder de la región en crecimiento económico, como resultado de la nacionalización de sus recursos naturales.

Pero lo más importante a juicio de muchos es la recuperación de la dignidad y el orgullo nacional.

El binomio del MAS cuenta con un fuerte respaldo de los sectores populares y organizaciones sociales del país, así como a nivel internacional.

Este 2019 será un año determinante en el ámbito electoral, crucial para la continuidad del proceso de cambio impulsado por el gobierno de Evo Morales, que convirtió a Bolivia en un referente regional y mundial de desarrollo económico, político, social y cultural.