El diputado opositor José Carlos Gutiérrez (UD) presentó ayer más pruebas de la publicación de una encuesta favorable al presidente Evo Morales, con lo cual volvió a exigir al TSE que se pronuncie sobre su demanda.

La semana pasada, Gutiérrez denunció ante el TSE que se había publicado una encuesta favorable a Morales como espacio solicitado en tres periódicos. Recordó que, de acuerdo a la Ley del Régimen Electoral, el partido que difunda ese tipo de estudios debe ser sancionado con la pérdida de su personalidad jurídica.

Ayer señaló que la encuesta no sólo fue publicada el 16 de diciembre en los periódicos El Deber, La Razón y La Estrella del Oriente, sino también en El Potosí y Correo del Sur.

“Mientras el Tribunal Supremo Electoral no dice nada, nosotros tenemos que hacer su trabajo. Ahora hemos conseguido más pruebas de la encuesta ilegal”, manifestó.

Se quejó de que a seis días de haber presentado su denuncia, el TSE no se haya pronunciado.        

"Esto demuestra que el partido de Gobierno está haciendo campaña ilegal en todo el país, con la complicidad del TSE. A seis días de la denuncia contra el MAS, no hay respuesta de los vocales electorales, pese a que la Ley es clara en este aspecto y ordena la inmediata cancelación de la personalidad jurídica del partido que cometa este delito electoral", se quejó.

Así lamentó el silencio del TSE y sostuvo que el ente electoral “tampoco se está encargando de conseguir más pruebas como la que nosotros estamos presentando”.

Anunció que estaba enviando las pruebas al TSE para sustentar su denuncia.

"Exigimos el pronunciamiento inmediato del TSE y el cese de su silencio cómplice, creo que el pueblo boliviano también merece una explicación del principal favorecido con la publicación de la encuesta ilegal: el señor Evo Morales, quien insistimos debe ser inhabilitado para participar en las elecciones de este año", remarcó.

Según sus palabras, también investigará con qué dinero se pagó esas publicaciones, ya que de confirmarse el uso de recursos del Estado se podría establecer delitos de índole penal, como malversación o mal uso de fondos públicos.

En 2015, el TSE canceló la personalidad jurídica de Unidad Demócrata en Beni, porque su jefe de campaña difundió una encuesta. Entonces, privó al opositor Ernesto Suárez de ser postulante a la Gobernación