Ref. Fotografia: Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana . Foto: CEB

La Conferencia Episcopal Boliviana pidió la abrogación del Código del Sistema Penal por considerar que la norma plantea ambigüedades y propone que se instale un amplio debate para la construcción de un nuevo texto.  

“Pedimos que en el espíritu de verdadera democracia participativa y en consideración de la gran importancia que reviste el Código del Sistema Penal se tenga la sabiduría de abrogarlo y se inicie un debate amplio, franco y transparente con todos los sectores involucrados, sin caer una vez más en la acostumbrada y fácil acusación de tramas de conspiración y desestabilización contra el Gobierno”, señaló el Monseñor Aurelio Pesoa, Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).

La Iglesia Católica a tiempo de referirse a la crisis política y social generada a partir de la promulgación del Código del Sistema Penal, y otras medidas que han ocasionado rechazo, como el Sentencia del Tribunal Constitucional que habilitó a una repostulación indefinida al Presidente Evo Morales, pidió que no se prosiga con normas que no toman en cuenta la voluntad popular.

“No contribuye a la paz social el hecho que el sistema jurídico del país se vaya construyendo sin tener en cuenta la voluntad popular, con leyes aprobadas prescindiendo del indispensable debate de la sociedad. Las leyes deben ser acatadas por todos, por lo que es imprescindible que sean también debatidas amplia y libremente en la sociedad boliviana y en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, sostuvo Pesoa, en conferencia de prensa.

Citó algunos artículos que han generado el rechazo de diversos sectores, como el 205, rechazado por los médicos; el 137, por los transportistas; el 209, 293 y 294 por los trabajadores y otros sectores por criminalizar la protestas; el 107, que despenaliza el microtráfico de droga; el 245 y 246, sobre control en redes sociales; el 88, que podría afectar la actividad misional de las diferentes religiones; el 157 que plantea la despenalización parcial del aborto; entre otros.

“La lista de artículos cuestionables podría ser mucho más larga, pero los ejemplos citados sirven para calificarlo como un código hecho a la medida de los intereses del poder y no de los del pueblo. Atenta contra derechos humanos y ciudadanos fundamentales, es pretendidamente ambiguo en la formulación con lo que crea inseguridad jurídica y significa un retroceso de los valores democráticos conquistados por la sociedad boliviana”, mencionó el religioso.

El Código del Sistema Penal que fue promulgado el pasado 16 de diciembre, ha provocado el rechazo y la movilización de al menos 10 sectores de la población.