A mayor presencia en espacios de representación política, las mujeres sufren más el acoso y la violencia política de sus pares masculinos, señala la Coordinadora de la Mujer y hace un llamado a reforzar las acciones para enfrentar estos hechos.

Entre 2013 y abril de 2017, el Consejo de la Magistratura registró 53 procesos penales por acoso y violencia política contra mujeres en las nueve ciudades capitales del país más El Alto, de acuerdo con información obtenida por la Coordinadora de la Mujer.

De ese total, 45 corresponden a acoso político y 8 a violencia política contra mujeres. La mayor parte de los casos se presentó en los departamentos de Oruro y Chuquisaca.

La gestión pasada cerró con 26 procesos por acoso político, la cifra más elevada desde 2103, cuando se iniciaron 5 procesos. Oruro concentra la mayor cantidad de casos, con 16; seguido por Sucre, con 7; Potosí con 2; y, Santa Cruz con un caso.  

En cuanto a violencia política, la cifra más elevada de procesos penales se registró en los primeros cuatro meses del presente año, con 4 casos. En 2015 se habían producido 3 y en 2016 un caso.

Por su parte, el Ministerio Público arroja otras cifras, aún más preocupantes. Entre 2012 y abril de 2017, esta instancia registró 68 denuncias de acoso político contra mujeres, de ellas 33 fueron cerradas (tuvieron una resolución de Rechazo) y 35 están en etapa de investigación.

Por otro lado, registró -en el mismo periodo- 48 denuncias de violencia política contra mujeres, 23 fueron cerradas y 25 continúan en investigación. Según esta fuente, de todos estos casos no hubo sentencia alguna, ya sea condenatoria o absolutoria para los responsables.

Para la Coordinadora de la Mujer, mientras las mujeres van avanzando en términos de participación política, persisten aún múltiples desafíos para que ellas puedan ejercer plenamente el poder político.

En este sentido, viven acechadas por la amenaza constante de la violencia machista, principalmente proveniente de su entorno cercano. Deben enfrentar como principal obstáculo un sistema patriarcal, que legitima su subordinación en diversos ámbitos, por lo que el horizonte de la transformación cultural y simbólica de estos espacios es un desafío clave todavía por abordar.

El artículo 7 de la Ley N° 243 contra el Acoso y Violencia Política define como acoso político "al acto o conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, cometidos por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político pública o en contra de sus familias, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo, para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos".

En tanto, en violencia política están contempladas "acciones, conductas y/o agresiones físicas, psicológicas, sexuales cometidas por una persona o grupo de personas, directamente o a través de terceros, en contra de las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político pública, o en contra de su familia, para acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos".

La Coordinadora de la Mujer insiste en que los avances en cuanto a participación política deben ser profundizados y una vía para hacerlo es la Ley de Organizaciones Políticas, cuyo proyecto aún está en discusión entre diferentes actores políticos. En esta línea, Mónica Novillo, directora ejecutiva de esta organización,  plantea cambios fundamentales en los partidos políticos, debido a que "éstas son las instancias menos democráticas del sistema de representación.

Ahí se toleran todavía situaciones de violencia, discriminación y acoso político contra la mujer".

Por otro lado, Novillo sugiere que se creen mecanismos para que el acoso y la violencia política al interior de las organizaciones políticas sean sancionados, pues de ellos dan cuenta frecuentemente -según dice- organizaciones femeninas como la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol).

Asimismo, desde la Coordinadora de la Mujer se resalta que el nuevo Código del Sistema Penal esté ampliando la protección en relación a estos hechos a las mujeres sindicalistas y de organizaciones sociales.

Al respecto, Rosario Ricaldi, responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer, acota que los derechos que se establezcan en la ley incluyan a todos los niveles de las organizaciones políticas. "Hay que incluir a la dirigencia, la militancia y las autoridades del partido que están en el poder. Por ejemplo, la dirigencia es arbitraria y en la ley no están claramente establecidos sus derechos y obligaciones".

En criterio de Ricaldi, es fundamental incluir como principio en la ley la despatriarcalización. "El sistema patriarcal define cómo se maneja el poder; entonces, si lo planteamos así, el enfoque del poder va a apuntar a desmontar este sistema y hará que el poder sea paritario".