El Código Penal ha sido ideado como el arma perfecta para controlar a la sociedad y someterla a un régimen de miedo y coerción. La judicialización que se aplicó a la política en estos 12 años con características de persecución se aplicará ahora el resto de la ciudadanía, especialmente a los sectores con capacidad de cuestionar el autoritarismo en progreso. Lógicamente, la estrategia del Gobierno ha desatado una ola de conflictos que crece y complica la paz social.

Las estadísticas demuestran que durante el “proceso de cambio” ha habido tantos conflictos como en el pasado, pero ninguno de ellos (salvo el “gasolinazo” de 2010) puso en verdaderos aprietos a la administración del presidente Morales. La fuerza del sistema, el impresionante aparato político capaz de manejar todos los hilos del poder, la credibilidad y la habilidad de los operadores, fueron capaces de desmontar cada una de las movilizaciones sin necesidad de dialogar y mucho menos de atender las demandas de los sectores involucrados. Ni siquiera en el enfrentamiento con los indígenas del Tipnis, donde aparentemente las autoridades cedieron, hubo un arreglo satisfactorio pues los pueblos originarios siguen acosados por el Gobierno y se mantiene el avance cocalero sobre el parque Isiboro-Sécure, con pavimento y todo.

Para el Gobierno siempre han sido suficientes dos estrategias para enfrentar a sus “enemigos”. Una de ellas es el desgaste; dejar pasar el tiempo, distraer a la población con partidos de fútbol, cortinas de humo, cumbres y toda una serie de acciones de propaganda, mientras los actores de los conflictos se enfrentan a medios que los ignoran por la autocensura, a una población indiferente y a supuestos opositores que confunden con posiciones ambiguas y con sospechas de funcionalidad con el oficialismo. Los operadores gubernamentales hacen lo suyo alentando la división, los falsos acuerdos y el paralelismo que ha sido aplicado a gremios, sindicatos, movimientos campesinos e indígenas y a agrupaciones de profesionales.

La segunda táctica usada sistemáticamente ha sido la descalificación del adversario, vinculándolo con la derecha, con el imperialismo, con las fuerzas conspiradoras, mientras el Gobierno se victimiza aludiendo a presuntos planes de desestabilización, a sentimientos de odio y racismo.

Los hechos recientes están demostrando que ninguna de las dos acciones está funcionando. Estamos por alcanzar los dos meses de conflictividad, luego de un periodo muy breve de tregua que se produjo cuando se calmó la agitación de Achacachi; por primera vez desde que tengamos memoria pasamos Navidad y Año Nuevo con gente en las calles, con huelgas, asambleas y alta tensión con diversos sectores y pese a todo lo que se ha dicho, insultado y descalificado, cada día se suman más ciudadanos a la protesta, que tiene como telón de fondo y como fuerza aglutinadora, el rechazo a la repostulación inconstitucional del presidente Morales. Para el Gobierno ha llegado el momento de enfrentar su realidad de desgaste, pérdida de credibilidad y falta de confianza. Tal vez la solución pase por escuchar, dialogar y atender los pedidos.

Para el Gobierno ha llegado el momento de enfrentar su realidad de desgaste, pérdida de credibilidad y falta de confianza. Tal vez la solución pase por escuchar, dialogar y atender los pedidos.