Este es un tema ya abordado numerosas veces, pero no por ello menos importante: en Bolivia la separación de poderes establecida en la CPE es inexistente. En los hechos, de los cuatro órganos del Estado, el partido de Gobierno controla a tres, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El órgano electoral ha demostrado en tiempos recientes tener autonomía, que todos esperan mantenga en el futuro.

editorial

El Legislativo, ese apéndice del Ejecutivo

Este es un tema ya abordado numerosas veces, pero no por ello menos importante: en Bolivia la separación de poderes establecida en la CPE es inexistente. En los hechos, de los cuatro órganos del Estado, el partido de Gobierno controla a tres, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El órgano electoral ha demostrado en tiempos recientes tener autonomía, que todos esperan mantenga en el futuro. 

El control de los otros tres poderes le da al Gobierno una capacidad de acción enorme. El hecho de que un espurio Tribunal Constitucional haya cometido tremenda falta a la legalidad, autorizando la reelección indefinida de Evo Morales, es una muestra de ello. En un país con una justicia mínimamente autónoma, eso jamás hubiera sucedido, por las razones abundantemente esgrimidas en este espacio y en otros.

 No solo eso. Casi todo lo que el Presidente decide, el resto del Estado intenta cumplirlo. El equilibrio de poderes está debilitado, es casi inexistente.

Ello se ha demostrado en la reciente crisis ocasionada por el Código Penal. El artículo 205, que penaliza al gremio de los médicos, activó una serie de protestas, pero es claro que muchos otros artículos del Código no fueron consensuados. Para frenar el malestar social creciente, el presidente Morales decidió derogar el mencionado artículo y el 137, que afecta al sector del transporte. Pidió a la Asamblea que haga ese trámite, que según ley es lo que corresponde, y la dirigencia del oficialismo en el Legislativo de inmediato aceptó la “sugerencia”, que en realidad era una orden presidencial.

Es la última prueba, si es que se necesitaba alguna, de que el Legislativo no es más que un apéndice del Ejecutivo. Los presidentes de sus cámaras más parecen ministros del gabinete, prestos a complacer al jefe de Estado.

Aquí amerita un comentario adicional: son varios más los artículos del Código que deben ser derogados, sobre todo aquellos que reducen las libertades democráticas y penalizan el disenso.

Incluso está penado, en el texto actual, el hecho de pedir la renuncia de una autoridad. Es considerado como una especie de sedición. El nuevo Código, según han comentado algunos especialistas, termina siendo más autoritario, estatista y verticalista que el que se aprobó durante la dictadura de Hugo Banzer.

Ello se debe a que el MAS no tuvo ni la mínima intención de consensuar con sectores opositores o ajenos al oficialismo el contenido del Código. Esa es la forma de actuar autoritaria la que se impuso.

Pero ello ha visto su límite. El Gobierno, con menos popularidad y presionado por diversos sectores sociales, ya no puede hacer lo que se le antoja, como en el pasado. Y ahora debe negociar.