No es sorprendente el contenido de las respuestas facilistas a las impugnaciones contra candidaturas a todas luces ilegítimas e ilegales para las elecciones de octubre de 2019, avaladas por un Tribunal Supremo Electoral sumamente desgastado por sus acciones sumisas al poder político. Se ve muy claro que Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera no se han ganado la simpatía de gran parte del Pueblo, aunque sea 51% de la población, lo que ya resulta meritorio por más que los voceros de un ente supra-partidario lo nieguen. Sus nombres, los de los defensores de la prostitución política, ya están registrados en la memoria histórica de los que defienden a la democracia en su esencia. Y no se trata de derecha o izquierda, sino de principios fundamentales.

En la muy vapuleada, y alterada, norma del Pacto de San José, adecuada de manera oportunista por el MAS, en su Art. 23 se señala:

"Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país".

2. "La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal".

En ningún caso se habla de reelección, sino de simple elección. Y la Constitución es clara en su Art. 168: "El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua". Algo que no se ha cumplido por obra y maldición de los obligados a hacer cumplir la norma, entre ellos, y principalmente, los miembros del Tribunal Supremo Electoral. En el Art. 410 de la misma Constitución, parágrafo I, que estos sujetos han violentado supinamente, se afirma taxativamente: "La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1.Constitución Política del Estado, 2. Los tratados internacionales, 3. Las leyes nacionales…, 4. Los decretos, reglamentos… ". Esta jerarquía ha sido violentada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral ha ratificado arteramente su aplicación bárbara.

No existen otros caminos legales para amparar sus violaciones. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral han incurrido en graves delitos que deberán ser juzgados y sancionados. Han causado un grave daño a la democracia que costó sangre reconquistar y con sangre volverá a sus linderos. Su militancia masista no les salvará en el futuro. Sus jefes huirán con mucho dinero en cuentas del Caribe y ellos quedarán para que la historia decida. Han firmado documentos y no quedarán impunes. ¿Lo hicieron por plata o por convicción? No se sabe. Solamente la verdad está en sus cerebros, pero todo se averigua en la vida.

Por mandato de la Ley, el Referendo del 21 de febrero de 2016 tiene carácter vinculante, aunque no esté escrito en el texto constitucional, y es de cumplimiento obligatorio e inmediato por razones históricas que se amparan desde el Siglo XIII. Un principio esencial surge del artículo 7 de la Constitución Política del Estado, que dispone claramente que la soberanía reside en el Pueblo y es inalienable e imprescriptible, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no debió abstenerse de respetar y hacer cumplir el resultado del voto ciudadano. Quedan muchas palabras duras, pero no se las evidencian por precaución política.

Finalmente, estos individuos, menos los que se abstuvieron de apoyar una criminalidad legal, responderán a un Tribunal neutral cuando se acabe la dictadura, cuando la Asamblea Legislativa, y otros órganos del Estado, respondan a intereses del Pueblo y se forme un Tribunal Supremo Electoral sobre bases de meritocracia y honradez.