En Bolivia, la Constitución Política del Estado (CPE, Art. 234) indica que los funcionarios están obligados a hablar al menos dos idiomas oficiales: castellano y uno nativo y la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas (L.269) daba plazo hasta el 2015 para que los servidores públicos cumplan este requisito. En Bolivia se tenía la idea de integración e igualdad al ofertar servicios en el idioma materno de las poblaciones originarias. Pero muchos, incluso la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) entendieron que se debe entregar el diploma al que se inscribe y no al que aprende. Aún hoy, mucha gente no puede comunicarse en su idioma materno en ninguna institución pública porque los funcionarios no la hablan. La calidad de educación está en tela de juicio, el diploma no refleja conocimiento de la persona.

Muchos dicen “los diplomas se compran y no incluyen el conocimiento”. Los estándares de calidad en la educación boliviana se han reducido a la asistencia a clases y a la acumulación de diplomas sin que se mejore el conocimiento que optimice la competitividad y desarrollo de nuestra empresa, nuestro entorno o nuestro país. Muchas universidades para ganar estudiantes ofertan “doble titulación de maestría más 4 diplomados” “doctorado con 3 diplomas de maestría incluidos” y los participantes no logran terminar la tesis que esté acorde a los requerimientos de la universidad en el extranjero. Peor aún, se tienen profesionales que no utilizan el conocimiento adquirido porque este vino en un formato memorístico que no se enfoca en el “saber hacer”. Debemos reflexionar en cómo romper este círculo de diplomas de “mentira” y enfocarnos en “ganar habilidades para promover el desarrollo en nuestra vida, entorno y país”.